Aunque el Secretario de Infraestructura y Servicios Públicos, Francisco Javier Zúñiga Rosales, reveló que el ayuntamiento invirtió en infraestructura hidráulica, el regidor Iván Galindo Castillejos, reviró y recordó que al ser un servicio privatizado, la empresa Agua de Puebla es la responsable de hacer esas obras.
    
El gobierno de la ciudad, dijo el coordinador de la bancada priista, no debe destinar recursos para ese tipo de abras, porque en la realidad, la empresa tiene el contrato en su poder y “está recibiendo los recursos por la concesión”.
    
Además,  Galindo Castillejos emplazó al funcionario municipal a que explique las razones por las que se invirtieron casi 15 millones de pesos en la realización de 33 estudios, “todo ese dinero solamente en los estudios”.
    
La pregunta obligada, dijo Galindo Castillejos, es que si la Secretaría no tiene un departamento de proyección y proyectos o si el SOAPAP tampoco tiene ese departamento, “claro que lo tienen”, pero además, también está el Instituto Municipal de Planeación, que puede coadyuvar con esas acciones y no desembolsar tanto dinero, sentenció el regidor priista.
    
En entrevista posterior, el regidor del PRI, recordó que hubo un contrato con la empresa Agua de Puebla, que no se conoce porque la autoridad estatal y el Congreso del Estado, decidieron dejarla como información clasificada.

Piden licitación para obras de bacheo
    
Sobre las acciones de bacheo, el Secretario de Infraestructura y Servicios Públicos, Francisco Javier Zúñiga Rosales, reveló durante su comparecencia en cabildo que ese programa es considerado como un servicio emergente, por lo que el año pasado se destinaron poco más de 116 millones de pesos para mejorar las vialidades de la ciudad.
    
Sin embargo, para la fracción priista del cabildo, en el desglose de calles bacheadas presentado por Zúñiga Rosales, se presenta información que genera más dudas que respuestas.
    
Aseguró que en el informe dice que se bachearon diferentes calles y reportan la inversión de casi un millón de pesos por cada obra.
    
Lo peor del caso, aseguró, es que tienen contratadas más de 100 empresas para realizar el bacheo de la ciudad, por lo que recomendó que lo ideal, dijo, es lanzar una licitación pública nacional, para que una sola empresa realice los trabajos de bacheo.
    
Y es que desde su perspectiva, fraccionar los recursos representa un delito, porque además, en el reporte presentado, no hay una sola empresa que repita una obra de bacheo, “por lo que no se descarta que se asignen a empresas fantasmas”.
    
En el gobierno de la ciudad, dijo el regidor capitalino, se deben asignar todos los contratos con total transparencia, porque es un compromiso del alcalde, trabajar con total apertura y rendición de cuentas, “esperamos ver ese compromiso reflejado en el programa de bacheo”.
    
El problema en la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos, dijo Galindo Castillejos, es que no tiene las licitaciones como parte de una cultura gubernamental y contrario a ello, realizan asignaciones directas de obras, que generan más dudas que claridad.
    
Y es que reveló, puede ser un delito si se comprueba que hay acciones de bacheo que debieron entregarse por medio de una licitación y no se hizo, “aún sabiendo que era obligatorio hacerlo”.
    
Finalmente, el regidor del partido tricolor, dijo que el ayuntamiento capitalino, tiene el equipo humano y técnico necesarios para realizar las acciones de bacheo, por lo que no encuentra una gran necesidad de contratar empresas privadas para esas acciones.

Los grandes contratos
    
Y aunque las obras de pavimentación con concreto hidráulico fueron en su mayoría co-inversiones con el gobierno estatal, Galindo Castillejos, aseguró que “todos los poblanos sabemos que fueron obras de mala calidad y que generaron grietas de manera inmediata, por eso pedimos que nos muestre los contratos”.
    
Pero además, dijo que hay evidencias visuales, se puede penalizar a las constructoras que ejecutaron esas obras y que ya no se vuelva a contratar a esas empresas, “que se reporten a la Contraloría, porque tienen que pagar un seguro”, concluyó.