El abogado de la madre de José Luis Tehuatle Tamayo, Arturo Pineda Rivera, advirtió que durante la última semana el gobierno morenovallista a través de la Procuraduría General de Justicia buscó que se recategorizara el delito por el que fueron detenidos los policías estatales que dieron muerte al menor para que sean acusados de homicidio imprudencial mas no culposo.
Entrevistado luego de que acompañara a Elia Tamayo a la conferencia de prensa por la detención de Rubén Sarabia “Simitrio”, Pineda Rivera aclaró que hasta el pasado viernes no se sabía si el gobierno logró su objetivo antes de que salieran de vacaciones los juzgados.
Existen seis policías estatales que fueron detenidos por el caso Chalchihuapan, dos de ellos son acusados del homicidio del menor José Luis Tehuatle Tamayo; en tanto, los otros cuatro sólo enfrentan cargos por falsedad de declaraciones y lesiones dolosas, detalló el portal e-consulta.
Fue el juez tercero de lo penal quien dictó auto de formal prisión en octubre contra los agentes preventivos debido a que los delitos que se les imputaron no alcanzan fianza.
En el proceso penal 439/2014 se estableció que dos de los uniformados detenidos la semana pasada son señalados por el homicidio del niño y el resto por los delitos antes mencionados.
Sus nombres no fueron revelados presuntamente porque sus abogados solicitaron que se protegieran sus identidades.
Señaló que se trata de una acción fuera de la lógica jurídica donde se encarcela a las víctimas mientras se libera a los responsables de la muerte del menor.
Señaló que al acusarlos de homicidio imprudencial los elementos que se encuentran detenidos alcanzarán por ley, la libertad bajo caución, en tanto los vecinos de Chalchihuapan están recibiendo la represión, sin que se respeten sus derechos.
Lamentó además que continúen presos los ediles auxiliares de Chalchihuapan, Javier Montes Bautista; de Canoa, Raúl Pérez y el de La Resurrección, Leonardo Báez Serrano.
También recordó que dos de los habitantes de San Bernardino Chalchihuapan encarcelados, Fausto Montes García y Vicente Juárez Varela --cuyo caso también está bajo el mismo juez-- no participaron en la manifestación, pero fueron aprehendidos.
Por lo anterior, expresó que están preparando demandas a nivel federal, dado que "hay posibilidad de imputar contra el juez federal".
Nuevo llamado
Elia Tamayo Montes, madre del menor muerto José Luis Tehuatle Tamayo, en el enfrentamiento del pasado 9 de julio en Chalchihuapan, nuevamente exigió al gobierno de Puebla que en este periodo vacacional no se efectúen más órdenes de aprehensión contra activistas.
Exigió que se castigue al titular de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, Facundo Rosas Rosas, además de que no se liberen a los policías estatales acusados de la muerte de su hijo.
"Le pido al gobernador Rafael Moreno Valle que no siga encarcelando a personas y libere a los pobladores de Chalchihuapan", afirmó durante una rueda de prensa.
Arturo Pineda, abogado defensor de la familia de Tehuatle Tamayo, dijo que detener a personas en este periodo vacacional "son ideas del encargado de comunicación del gobierno de Rafael Moreno Valle".
Los vecinos detenidos
El pasado 24 de octubre el juez dictó auto de formal prisión a los habitantes de San Bernardino Chalchihuapan
A Fausto Montes, así como a Vicente Juárez Varela y Florentino Camayo Ponce, les imputaron los delitos de privación ilegal de la libertad, homicidio en grado de tentativa, motín y ataques a las vías de comunicación.
Por su parte, a Álvaro García Xelhua, Raúl Contreras Montes, se les fincaron cargos por motín y ataques a las vías de comunicación, por lo que sólo estas dos personas tienen posibilidades de obtener su libertad bajo caución.
Los cinco habitantes de San Bernardino Chalchihuapan fueron detenidos la madrugada del sábado 18 de octubre en un violento operativo policiaco, presuntamente para dar cumplimiento a las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), adujó el gobierno de Puebla.
El juez tercero de lo penal rechazó admitir las pruebas periciales con los que la defensa de los detenidos intentó demostrar las irregularidades en la identificación de los detenidos.
De acuerdo a la diputada del PRD, Roxana Luna Porquillo, el juez tercero dictó el auto de formal prisión adelantando el plazo constitucional que a petición de los abogados se había extendido.
Los abogados de los detenidos argumentaron que los cinco detenidos no corresponden con las fotografías dadas a conocer por la Procuraduría estatal. No obstante, se rechazaron las pruebas antropométricas para verificar la identidad de los detenidos con las fotografías en las que se fundamentó la Procuraduría para ejercer acción penal.
Como el juez rechazó que los detenidos pudieran hacerlo bajo una fianza, el equipo jurídico que defiende a los pobladores de San Bernardino Chalchihuapan presentó un amparo.
