Y la 28 de Octubre volvió a salir a las calles de la ciudad de Puebla para manifestarse en contra de la represión que sufren sus agremiados, así como integrantes de otras organizaciones sociales por parte del gobierno estatal.
Integrantes de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de Octubre exigieron que cese la persecución política en contra de activistas sociales, pobladores de juntas auxiliares e integrantes de organizaciones, quienes han disentido del gobernador Rafael Moreno Valle.
En la marcha se escucharon consignas en contra del Gobierno Federal por el caso Ayotzinapa, que le ha dado la vuelta al mundo y en contra del gobierno estatal, por su persecución política en contra de opositores.
Los vendedores agremiados en la 28 de Octubre se congregaron en el mercado Ignacio Zaragoza desde las 11 de la mañana para dirigirse al centro histórico de la ciudad de Puebla exigiendo diversas demandas sociales.
La marcha partió del mercado. Los vendedores mostraban cartulinas en solidaridad con los normalistas desaparecidos. Y también mostraban consignas demandando que cese la persecución en contra de los opositores y disidentes al gobierno estatal.
Los integrantes de la organización popular marcharon de manera pacífica.
En la marcha participaron integrantes de dicha organización, como Rubén Sarabia, mejor conocido como “Simitrio”.
Los manifestantes expresaron su repudio a la violencia por parte del Estado en contra de padres de familia y estudiantes en Ayotzinapa (Guerrero). Otra vertiente de la marcha fue la exigencia para que el gobierno deje de perseguir políticamente a los integrantes de la 28 de Octubre. Además, los manifestantes exigieron al gobierno estatal sensibilidad y solución a las demandas de grupos sociales.
En especial, los vendedores de la 28 de Octubre demandaron que frente el hostigamiento en contra de integrantes de su organización.
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Los integrantes de la UPVA 28 de Octubre se solidarizaron con los estudiantes desaparecidos de la normal Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa. Y también se solidarizaron con los padres de familia y activistas de distintas organizaciones sociales, quienes el pasado domingo fueron agredidos cuando organizaban un concierto musical en la Normal Rural.
Los agremiados de la 28 de Octubre exigieron que cese la escalada represiva en contra de las organizaciones sociales en todo el país y demandaron que cese el hostigamiento en contra de los estudiantes y padres de familia de la Normal Rural de Ayotzinapa (Guerrero) por parte del Estado mexicano.
Por otra parte, la 28 de Octubre exigió la libertad de los presos políticos en Puebla y demandó al gobierno del estado que se cancelen todas las órdenes de aprehensión en contra de los activistas sociales.
Los manifestantes exigieron el cese a la represión en el estado de Puebla y que finalice la persecución política en contra de quienes disienten de las políticas públicas del gobierno estatal.
Otra de las demandas de la marcha fue la derogación inmediata de la “ley Bala”, aprobada en mayo pasado por el Congreso de Puebla.
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La organización, previo a la marcha, denunció este martes que hay una cerrazón al diálogo por parte del gobierno estatal. Dijo que se espera que sean al menos 5 mil los asistentes a la movilización, y el número podría incrementarse por los comerciantes que se adhieren cada fin de año a la agrupación.
Manifestó que no hay un cambio de actitud, pues se ha incrementado la represión; recordó que el jueves 21 de noviembre se ordenó la aprehensión de Javier Montes Bautista, el cual fue detenido por medio de un impresionante operativo policiaco compuesto por más de 30 camionetas, acusándolo de delitos que todos sabemos que no cometió.
Asimismo, se refirió a los más de 40 presos políticos que existen en este régimen totalitario y de terror implementado por el gobernador durante este año.
Manifestó su solidaridad con los presos políticos de San Miguel Canoa, La Resurrección y Atlixco, y otros que han sido reprimidos por no sujetarse a los designios del “señor gobernador”, el cual —reitera— pasará a formar parte del basurero de la historia.
Lamentó que el Ejecutivo estatal haya minimizado los señalamientos de la comisión, pero el procedimiento es claro, el ombudsman tiene la facultad de presentar una denuncia penal en contra del Ejecutivo estatal, para que se proceda y se responda por el crimen del menor Luis Alberto Tehuatle Tamayo.
El representante dijo que siguen las violaciones a los derechos humanos y no hay justicia; recordó que en este también entraría el caso de Antonio Montes Cruz, asesinado en la Sierra Norte por oponerse al proyecto Cuamono, para construir una hidroeléctrica.
Asimismo, estarían las detenciones en Chalchihuapan, e indicó que sobre las recomendaciones de este tema les ha señalado que, tras escuchar a las organizaciones, va a solicitar un informe a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y al propio gobierno del estado, para que de acuerdo con ello se vea si se cumple o no la esencia de lo que señaló la propia comisión nacional.
