El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, solicitará reunirse con el gobernador Rafael Moreno Valle Rosas, para entablar una plática sobre los más de 50 presos políticos en el estado.

Así se los mencionó a los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos, de la Cámara de Diputados federal, al tiempo de señalarles que aún están estudiando si el gobierno de Puebla cumplió con la recomendación sobre el caso Chalchihuapan.

La diputada federal Roxana Luna Porquillo informó a Intolerancia Diario de esta reunión, en la que el ombudsman nacional señaló que la reunión la solicitará a petición de los familiares de los detenidos en Puebla.

Como integrante de la Comisión de Derechos Humanos, de la Cámara de Diputados, Roxana Luna fue quien solicitó la reunión con el nuevo ombudsman, Luis Raúl González Pérez, para denunciar violaciones a los derechos de las personas en Puebla, sobre todo a raíz de la detención del edil auxiliar Javier Montes Bautista.

“Yo pedí que se nos diera conocimiento de los anexos que haya presentado el gobierno del estado para justificar lo dicho, y hasta este momento no lo ha entregado”, comentó al señalar el caso Chalchihuapan.

“Hay que reconocer las facultades que tenemos muy limitadas como diputados federales desde la tribuna, donde podemos denunciar, pero es un procedimiento que tenemos para que se pueda subir al pleno como parte de la discusión”, finalizó.

Apenas el 31 de noviembre, el primer visitador de la CNDH, Juan López Villanueva, documentó el caso de los 45 presos políticos detenidos en el último medio año del gobierno de Rafael Moreno Valle. En visita a Puebla, recabó información sobre las nuevas violaciones a las garantías de los pobladores de San Bernardino Chalchihuapan, ocurridas el 18 de octubre, cuando fueron aprehendidos y sacados de sus casas cinco personas, durante la madrugada.

El encuentro se dio en las instalaciones del mercado Hidalgo, dirigido por la Unión de Vendedores Ambulantes 28 de Octubre, que lidera Rubén Sarabia “Simitrio”, donde además participaron dirigentes de diferentes organizaciones sociales de la entidad.

Se entregó documentación y evidencia sobre el encarcelamiento de los cuatro cholultecas, el abogado Adán Xicale Huitle y su hijo Paul Xicale Coyopotl, además de los hermanos Primo Manuel y Albino Tlachi Valencia.

El enviado del ombudsman nacional Raúl González Pérez revisó la detención de la líder campesina Enedina Rosas Vélez y del defensor de derechos humanos Juan Carlos Flores Solís, por oponerse a la instalación del gasoducto Morelos, en la zona de alto riesgo volcánico del Popocatépetl.

Del mismo modo, analizó el expediente de Abraham Cordero Calderón, líder campesino y expresidente auxiliar de San Francisco Tepeyecac, quien fue encarcelado en abril pasado por resistir a la construcción del proyecto carretero Arco Poniente.

El quinto caso expuesto al enviado de la CNDH fue el de Rubén Sarabia “Simitrio”, así como las detenciones de su exesposa y su hija, Irma Reyna y Claudia López Reina, respectivamente, ocurridas este 28 de noviembre.

Sigue mutis
Apenas el 18 de noviembre, a unos días de haber sido nombrado presidente de la CNDH, Raúl González señaló que, junto con los casos de Tlatlaya y Ayotzinapan, la violación grave a los derechos humanos en San Bernardino Chalchihuapan sería una de las prioridades.

Sin embargo, a casi un mes de esa declaración, aún no emite alguna postura el organismo nacional, sobre si el gobierno de Puebla cumplió con la recomendación emitida por la violación grave de los derechos humanos.

En esta comunidad, el 9 de julio se enfrentaron manifestantes y policías estatales, resultando decenas de lesionados, entre ellos el niño de 13 años de edad José Luis Tlehuatle Tamayo, quien moriría 10 días después.

Tras una investigación de la CNDH, en la recomendación 2VG/2014 se determinó la responsabilidad de autoridades estatales en la violación grave de derechos humanos.

Entre las responsabilidades están la muerte del menor, por lo que emitió la recomendación de 11puntos, que no se cumplieron a cabalidad, según un reporte del sexto visitador del organismo.

La respuesta
El gobierno de Puebla emitió una serie de mentiras o inconsistencias en el expediente que entregó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para comprobar que cumplió con la recomendación emitida por el caso Chalchihuapan.

Por ejemplo, el gobierno informó a la CNDH que el 16 de octubre ejerció acción penal contra 16 personas; sin embargo, en un comunicado se mencionaron solo 12 órdenes de aprehensión, 11 ya detenidos, seis policías y cinco presuntos manifestantes.

Además, cinco de los habitantes de Chalchihuapan fueron detenidos el 18 de octubre, dos días después de lo que le aseguraron al organismo nacional.

Las detenciones se produjeron la madrugada del 18 octubre, con lujo de violencia, cuando policías ministeriales llegaron a las viviendas rompiendo puertas y ventanas a marrazos, y encañonando niños y ancianos.

No obstante, un día antes de que el gobierno del estado emitiera el comunicado de que presuntamente cumplió con la recomendación 2VG/2014, la entregó a los periódicos El Sol de Puebla y Síntesis, para “cumplir” con la fecha establecida por dicho organismo.

El comunicado fue publicado hasta la página cuatro de El Sol de Puebla el sábado 18 de octubre, mismo día que fueron detenidas cinco personas por la madrugada, luego de una incursión de policías ministeriales a la localidad de Chalchihuapan.

De este modo, las autoridades poblanas dieron este boletín de prensa como una nota periodística al organismo garante de los derechos humanos.

Además, se menciona que fueron invitados medios de comunicación al evento de la disculpa pública celebrado a las 19 horas en el Centro de Convenciones, sin embargo, nunca existió alguna invitación, a grado tal que sólo se emitió el comunicado.

La publicación fue una de las pruebas que presentó el gobierno de Puebla a la CNDH, para demostrar que sí cumplió con la recomendación, entre las que destacaba la disculpa pública, según una carta de la Sexta Visitaduría de la CNDH, emitida a las víctimas de Chalchihuapan.

El mismo comunicado fue emitido a todos los medios de comunicación hasta un día después que lo hicieran exclusivamente a los mencionados diarios.

De acuerdo con la CNDH, el gobierno del estado notificó, a través de la oficina del gobernador, que el pasado 17 de octubre a las 19 horas se realizó el acto protocolario, y enlista a los funcionarios que participaron.

Señalan como prueba la entrega de las constancias que se levantaron para demostrar la entrega de las invitaciones, el texto íntegro de la disculpa, fotografías del evento y hasta un video del mismo, además de las publicaciones en los mencionados periódicos.

Pero los agraviados han denunciado que la invitación las entregaron tres horas antes, y que ninguno de los habitantes de Chalchihuapan acudió al evento.

En la carta emitida por la CNDH para las víctimas de Chalchihuapa que la solicitaron y firmado por José Zamora Grant, director de la oficina de Graves Violaciones a Derechos, se señala que el gobierno de Puebla sólo cumplió parcialmente la recomendación.

El informe de la CNDH fue emitido a Elia Montes Tamayo, madre del niño José Luis Tlehuatle Tamayo, asesinado en el violento desalojo en Chalchihuapan, y a cinco habitantes más que resultaron afectados por las acciones policiales del 9 de julio.

Fue entregado el pasado lunes 10 de noviembre a través de un oficio (folio CNDH/6VG/DGVGDH/012/2014) girado por la sexta visitaduría del organismo.

Según el informe desde el pasado 12 de septiembre, se suspendió a los tres mandos medios que más tarde sería despedido por su responsabilidad en el fallido operativo.

Se informa, además, que al secretario de Seguridad Pública, Facundo Rosas Rosas, se le aplicó una amonestación pública, aunque hasta la fecha no se saben los montos.