Si bien existe un importante avance del 2011 a la fecha, aún no está ganada la batalla en materia de transparencia y rendición de cuentas en los Sujetos Obligados, por lo que es imperativo generar una cultura política en esa materia, particularmente entre los servidores públicos, “muchos de los cuales no lo entienden ni quieren entender”, sostuvo Miguel Carbonell Sánchez, durante la conferencia magistral “Retos del Derecho de Acceso a la Información y de la Protección de Datos Personales”.
Durante su participación en el segundo y último día de la Semana de la Transparencia, el especialista afirmó que es absolutamente positivo que la gente solicite información de manera anónima, y que los servidores públicos están obligados a dar información porque manejan recursos públicos.
“Aún tenemos que insistir que la información pública no es propiedad del funcionario, es de los ciudadanos. Esa batalla aún no la hemos ganado”, subrayó.
En el Centro de Seminarios del Complejo Cultural Universitario, donde este viernes culminó tal evento que fue organizado por el ayuntamiento de Puebla, la Comisión para el Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del Estado, y la UAP, refirió que existen dos dimensiones de la transparencia: la rendición de cuentas por parte de los Sujetos Obligados y cómo la sociedad civil utiliza esta información pública disponible para la toma de decisiones.
Carbonell Sánchez, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM, señaló que del 2001 a la fecha hay un gran avance de los órganos garantes de la transparencia, los cuales han mejorado y se han fortalecido. Sin embargo, “hoy asistimos a un nuevo ciclo de transformaciones con el llamado Sistema Nacional de Garantía”, que implica dimensionarlos en una lógica nacional.
Al hablar sobre los retos de la transparencia, en lo relativo a los Sujetos Obligados, mencionó en primer lugar el uso de la tecnología, como el Internet, para subir la información y hacerla pública y disponible, sin que medie una solicitud para ello.
Otro reto, comentó, es mejorar los procesos de documentación de los Sujetos Obligados, muchos se dieron cuenta que la transparencia puede llevar a identificar focos rojos, corrupción, y evitan documentar. “Es conveniente y práctico que todo proceso administrativo de toma de decisiones se haga con minuta; son documentos que tienen que existir para respaldar la función. Aquí hay un reto enorme”, expresó.
Por último, mencionó la formación de cuadros, la necesidad de contar con personal especializado en la materia, ya existe una lógica administrativa que debe seguir desarrollándose.
Del lado de la sociedad civil, Carbonell Sánchez consideró que un reto es la falta de utilización de la información pública disponible para mejorar la calidad de vida de las personas. Aquí, enfatizó, hay un gran déficit.
El diplomado
La transparencia no es un artificio o lujo de la administración pública federal o estatal, sino una herramienta para la construcción de un buen gobierno, señaló Eduardo Bohórquez López, director ejecutivo de Transparencia Mexicana, al participar en la clausura del diplomado “Sistema Nacional de Transparencia y Protección de Datos”, diseñado e impartido por la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información de la UAP a miembros del Instituto Nacional de Migración.
Con respecto a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Bohórquez López comentó que al establecer dicho estatuto el Poder Legislativo cometió un error al llamarla así, ya que tan sólo es una ley de acceso a la información.
“En realidad el acceso a la información es relevante porque se trata de uno de los derechos básicos que consagra la Constitución; mientras la transparencia es un atributo de la administración pública”, explicó.
Cuando se impulsó la reforma para ampliar el acceso a la información pública como derecho, no existía un sistema nacional de transparencia que estuviera integrado a la gestión pública.
Ahora el reto, expuso el director ejecutivo de Transparencia Mexicana, es entender que la creación de un sistema nacional de transparencia es más que la articulación de 32 órganos garantes y un órgano constitucional autónomo, sino que “seguramente” será la definición de muchas políticas públicas, protocolos y mecanismos para que el acceso a la información pública y la transparencia sean un atributo en las administraciones.
De igual manera, abundó que la transparencia no significa ser íntegros, “decir que una institución en México es muy abierta no simboliza que tenga estándares de integridad y honor para ser llamada honesta, justa y que cumple en el Estado de derecho”.
Durante la clausura del primer diplomado “Sistema Nacional de Transparencia y Protección de Datos”, Jorge Luis Lima Villegas, titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información de la UAP, reconoció que el tema de la transparencia es una política pública que llegó para quedarse y para combatir la corrupción. Es una forma de vida institucional que traerá beneficios y los conocimientos adquiridos se verán reflejados.
Palmira Venero Uribe, directora general de Derechos Humanos y Transparencia del Instituto Nacional de Migración, comentó que la transparencia permitirá evitar el mal uso de los recursos públicos. Además, este concepto no puede entenderse sin la relación ciudadano-gobierno.
