En medio de un silencio sepulcral de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), este viernes finalmente termina el plazo de 30 días hábiles que dio para que el gobierno del estado cumpliera 11 puntos en la recomendación que emitió por violaciones graves en el caso Chalchihuapan.

Sin embargo, quedan pendientes por lo menos tres puntos, mientras que en el resto sólo se cumplieron a medias en algunos casos, lo que ha generado severas críticas.

El organismo, aún presidido por Raúl Plascencia Villanueva, ha hecho mutis sobre la aseveración del gobierno de Puebla, de que ha cumplido con lo encomendado el pasado 11 de septiembre.

Intolerancia Diario, toda esta semana, ha solicitado información a la oficina de prensa de la CNDH, para saber detalles sobre lo entregado por el gobierno de Puebla y la postura sobre el arresto de cinco personas en Chalchihuapan, el pasado fin de semana.

Sin embargo, no ha habido respuesta; fuentes señalan que se encuentran abocados a los temas de Iguala, Guerrero, y Tlayaya, en el Estado de México, pero sobre todo la reelección de Plascencia Villanueva, haciendo a un lado el tema de Chalchihuapan.

La CNDH, organismo defensor de las garantías individuales en el país, presidido por Raúl Plascencia Villanueva, ha hecho mutis del caso que muchos activistas llaman un silencio cómplice.

A mano
Mientras tanto, para el gobierno ya está saldada la afrenta, aunque para los afectados es todo lo contrario, ahora afirman que fueron objeto de burla. 

El jueves 11 de septiembre, la CNDH, mediante una investigación y peritajes, determinó que elementos de la Policía Estatal fueron los que asesinaron por medio excesivo de la fuerza al niño José Luis Tehuetlie Tamayo durante el enfrentamiento en Chalchihuapan del 9 de julio.

Por lo tanto, el presidente del organismo, Raúl Plascencia Villanueva, recomendó al gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas, fincar responsabilidades contra el secretario de Seguridad Pública, Facundo Rosas Rosas.

De este modo, el ombudsman tiró por la borda la versión del gobierno estatal, de que fue la onda expansiva de un cohetón aventado por manifestantes lo que lesionó al niño de 13 años de edad.

Plascencia Villanueva aseguró que Facundo Rosas estuvo al mando en todo momento durante el desalojo, en el que afirmó que sí hubo uso excesivo con más de 478 granadas de gas lanzadas contra manifestantes.

Fue el 9 de julio cuando un grupo de pobladores de Chalchihuapan cerraron la autopista Atlixcayotl, que comunica a la ciudad de Puebla con Atlixco.

Para desbloquearla, señaló Plascencia Villanueva, se montó un operativo desde muy temprana hora, lo que indica que las autoridades poblanas sabían del movimiento desde un día antes, pudieron negociar, sin embargo, prefirieron el uso de la fuerza.

En el operativo de desalojo, de los 426 policías estatales, 32 portaban lanzaderas y diversas armas de dispersión, las que fueron utilizadas sin medida contra la población.

De este modo salieron al menos 10 lesionados de los manifestantes y más de 40 de policías, aunque no se pudo documentar el número debido a que a muchos ni siquiera los atendieron las unidades médicas del gobierno estatal.

Entre los lesionados se encontraba el menor José Luis Tehuatlie Tamayo, quien, ahora se sabe, fue herido por alguno de los 32 elementos policiacos con las armas, a quienes se tiene que investigar para deslindar responsabilidades.

La controversia
Fue el sábado 18 de octubre, una semana antes que venciera el plazo, cuando, por medio del boletín de prensa número 2055, el gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas afirmó haber cumplido con la recomendación.

Pero el comunicado apenas cuenta con ocho puntos, de lo que dice el gobierno haber cumplido, mientras que la CNDH enumeró 11 recomendaciones por hacer.

Ni siquiera la disculpa pública fue pública, ya que no sólo no se invitó a medios de comunicación a un evento a celebrarse el pasado viernes 17, sino que a los agraviados les fue notificado apenas con tres horas de anticipación.

Las medidas en contra del secretario de Seguridad Pública Estatal, Facundo Rosas, sólo llegaron a una amonestación y multa sin mencionar cantidades.

El funcionario público sigue trabajando en el cargo, a pesar de que fue el que estuvo al frente en el operativo del 9 de julio, mientras que seis elementos a su cargo fueron detenidos.

Pero hasta la fecha, el gobierno de Puebla ni siquiera ha dado a conocer los nombres de los policías arrestados, mucho menos los cargos y delitos que les imputan.

En lo oscurito
En total hermetismo y en lo oscurito, el gobierno estatal trata de cumplir con las 11 observaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por el caso Chalchihuapan. Se ensaña con los pobladores de San Bernardino y se muestra benévolo con sus funcionarios.

Con lujo de violencia, personal de la Policía Ministerial del Estado (PME), apoyado por el grupo Antimotines de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), causó terror en San Bernardino Chalchihuapan al romper candados, facturar chapas y destrozar puertas para catear varios domicilios y detener a Florentino Tamayo Ponce, Raúl Contreras Montes, Vicente Juárez García, Álvaro García Xelhua y Fausto Montes.

A diferencia, el secretario de Seguridad Pública Estatal, Facundo Rosas Rosas, sólo fue amonestado y multado por su actuación, a pesar de ser el funcionario que estuvo al mando y haber transmitido la orden del desalojo, mandatado por el gobernador Moreno Valle.

El viernes a las 19 horas, el gobierno estatal trató de resarcir el daño a la madre del niño asesinado por un disparo de la policía y convocó a un evento en el Centro de Convenciones de Puebla, pero nadie asistió.

Estatus de recomendación

Recomendación CNDH

Respuesta gobierno

1. Instruya a quien corresponda para que se inicien los procedimientos de responsabilidad respectivos en contra del titular de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Puebla, así́ como del personal de dicha institución que participó en los acontecimientos del 9 de julio de 2014 en el municipio de Ocoyucan, Puebla, con motivo de las violaciones graves a los derechos humanos observadas en esta recomendación, y se envíen a este Organismo Nacional las pruebas con las que acredite su cumplimiento.

Facundo Rosas Rosas, primer responsable del operativo de Chalchihuapan, sólo fue amonestado y multado, sin hacer público el monto. El gobierno estatal, por medio de su oficina de prensa, sentenció que era un dato privado.

 

2. Tome las medidas necesarias para la creación de una fiscalía especial para la investigación de los hechos ocurridos el 9 de julio de 2014 en el municipio de Ocoyucan, Puebla, designada bajo su más estricta responsabilidad, a efecto de quegarantice de manera transparente, objetiva e imparcial un adecuado acceso a la justicia para las víctimas, sus familiares y los policías lesionados, debido a la impunidad que prevalece ante los abusos cometidos por los elementos de las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia de esa entidad federativa, y para que también investigue los delitos cometidos por diversos manifestantes, y se envíen a este Organismo Nacional las pruebas con las que acredite su cumplimiento.

La recomendación fue acatada al crearse una fiscalía. Sin embargo, fue muy criticado que haya sido el procurador general de Justicia, Víctor Carrancá Bourget, quien fue el creador de la teoría de las ondas expansivas que le quitaron la vida al niño José Luis Tehuatlie.

Además, el fiscal, José Antonio Pérez Bravo, fue criticado por ser el que sostuvo la versión de que la activista Digna Ochoa, asesinada hace 13 años, se quitó la vida a pesar de tener tres balazos en su cuerpo.

 

3. Instruya a quien corresponda para que se reparen los daños causados a las víctimas y a sus familiares en los términos más amplios y de manera integral, acorde con lo que establecen los estándares internacionales en la materia y la Ley General de Victimas, con motivo de los actos y omisiones en que incurrieron los servidores públicos de la instituciones de seguridad pública y procuración de justicia del Estado de Puebla que participaron en los hechos del 9 de julio de 2014 en el municipio de Ocoyucan, Puebla; elabore para ello un registro que permita identificar adecuadamente a cada una de las víctimas, el tipo de reparación que se le otorgará, los tiempos y las condiciones para que la misma se encuentre debidamente solventada, y envíe a esta Comisión Nacional las constancias que acrediten su cumplimiento.

Sólo por medio de un comunicado se informó de la creación de un fideicomiso, en el que se invitaba a los damnificados a acudir para pagar los daños. Tampoco de habló de montos.

 

4. Dadas las condiciones de esa entidad federativa, en la que permanentemente hay expresiones de la sociedad demandando necesidades colectivas, y siempre que no se vulnere la Ley, gire instrucciones a quien corresponda para que se implementen mecanismos efectivos para la atención de esos requerimientos que privilegien el diálogo y el respeto de los derechos humanos, y remita a este Organismo Nacional las pruebas de cumplimiento respectivas.

No sólo no ha habido acercamientos con grupos de manifestantes por el problema de los Registros Civiles, sino que fueron suspendidas todas las pláticas que se realizaban con la Secretaría General de Gobierno, ante la exigencia de cambiar la Ley Orgánica Municipal, uno de los mayores problemas que han generado las protestas en todo el estado.

La sgg acordó regresar a medias la operación del Registro Civil para detener las movilizaciones.

5. En el contexto anterior, instruya a quien corresponda para implementar una estrategia para la atención de demandas sociales en el estado de Puebla que contemple la solución pacífica de conflictos, se abstenga de criminalizar la protesta social y prevea acciones efectivas y eficaces de coordinación institucional para el tratamiento de manifestaciones públicas,privilegiando en todo momento el diálogo y reduciendo los riesgos que pudiera representar el uso de la fuerza.

Hasta el momento no existe alguna estrategia visible para la atención de demandas sociales, aunque para no criminalizar la protesta.

Por el contrario, en este lapso ha habido más detenidos por protestar, como fue el de cuatro activistas, los que mantenían un plantón a las afueras del ayuntamiento de San Andrés Cholula, en contra de la construcción de la Plaza de las Siete Culturas.

Todos continúan en prisión.

6. Instruya a quien corresponda para que se ofrezca una disculpa institucional a las víctimas y a sus familiares por los agravios generados por los servidores públicos de las dependencias a su cargo, se den a conocer las medidas y garantías para la no repetición de actos como los que dieron origen a esta recomendación, y se informe a esta Comisión Nacional sobre las acciones que se lleven a cabo para tal efecto.

Para el gobierno estatal, se cumplió este punto con la organización de un evento el pasado viernes 17 de octubre a las 19 horas, al cual invitaron a los agraviados apenas con tres horas de anticipación, por lo que nadie fue.

Pero tampoco existe registro alguno, ni fotográfico, de que se haya realizado el evento, además de que no fue invitada la prensa.

7. Gire instrucciones a quien corresponda para que se proporcionen a los cuerpos de seguridad equipos de videograbación y audio que permitan registrar su conducta durante los operativos y procedimientos de detención en los que participen, a fin de que se esté́ en condiciones de evaluar si su conducta se apegó́ a la legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 21, párrafo noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se envíen a esta Comisión Nacional las pruebas que acrediten su cumplimiento.

Policías estatales confirmaron que hasta el momento no les han implementado de equipo de videograbación “por falta de recursos”, pero altos mandos les recomendaron que si van a un operativo, utilicen sus teléfonos celulares para videograbar.

Hasta el momento se desconoce si los elementos de la Policía Ministerial videograbaron la detención de cinco personas en Chalchihuapan.

Señalaron las fuentes que si ni siquiera les dan uniformes o equipo, mucho menos esperan videocámaras o grabadoras.

8. Instruya a quien corresponda para que se colabore con esta Comisión Nacional en el trámite de la queja que se promueva ante la Órgano Interno de Control de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Puebla en contra de los servidores públicos que intervinieron en los hechos, y se remitan a este Organismo Nacional las evidencias que le sean solicitadas y las constancias que acrediten

Sobre este punto, el gobierno estatal informó que a Secretaría de la Contraloría inició los procedimientos de responsabilidad y dio trámite y seguimiento a las quejas y denuncias presentadas por la cndh en contra de los Servidores Públicos responsables. Con motivo de dichos procedimientos, la Contraloría determinó sancionar al secretario de Seguridad Pública con una amonestación y una multa.

Además, determinó la destitución del cargo y sanciones económicas para la Subsecretaria de Coordinación y Operación Policial y a dos mandos operativos.

9. Instruya a quien corresponda para que se colabore con esta Comisión Nacional en el trámite de la queja que se promueva ante el Órgano Interno de Control de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla en contra de los servidores públicos que intervinieron en los hechos, y se remitan a este Organismo Nacional las evidencias que le sean solicitadas y las constancias con que acrediten su cumplimiento.

De este punto no se ha dado información.

 

10. Instruya a quien corresponda para que se colabore con esta Comisión Nacional en la presentación y seguimiento de la denuncia de hechos que se formule ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla en contra de los servidores públicos involucrados, y se remitan a este Organismo Nacional las evidencias que le sean solicitadas y las constancias que acrediten su cumplimiento.

En el comunicado se dice que la fiscalía especial resolvió la averiguación previa, ejerciendo acción penal en contra de probables responsables de distintos delitos, por lo que fueron detenidos seis elementos de la Policía Estatal y cinco personas civiles, quienes han sido puestos a disposición del mismo juez.

 

11. Instruya a quien corresponda para que se diseñe e imparta un programa integral de capacitación y formación en derechos humanos dirigido a los servidores públicos de las instituciones encargados de las áreas de seguridad pública y procuración de justicia, respectivamente, en el Estado de Puebla, que ponga un especial énfasis en el Uso Legítimo de la Fuerza por parte de los Elementos de las Instituciones Policiales del Estado de Puebla, así́ como en los protocolos existentes en la materia, y envíe a esta Comisión Nacional las constancias que acrediten su cumplimiento

En este punto, como respuesta, elementos de la Policía Ministerial, en la madrugada del sábado 18 de octubre, entraron por la fuerza a las viviendas de cinco familias en Chalchihuapan, rompiendo vidrios y puertas, y encañonando a mujeres de edad avanzada y niños.

Como resultado, hubo cinco detenidos. De esto, aunque la cndh ya tiene conocimiento, no ha emitido ningún pronunciamiento.