La recién aprobada Ley General de los Derechos de las Niñas, los Niños y los Adolescentes solamente sirve para beneficio de las farmacéuticas, afirmaron representantes de la sociedad civil, quienes agregaron que sí es posible echar abajo esa medida normativa que atenta contra la familia y sus integrantes.
Reina Suárez Cortez, de la organización Acción con Sentido Común, hizo un llamado a los legisladores para que reconsideren las palabras que utilizan para hablar de la sexualidad.
Afirmó que en relación a los capítulos que hablan de los llamados derechos sexuales y reproductivos de los niños, niñas y adolescente, resulta bastante absurdo, por lo que no se debe tolerar que los menores de edad y los adolescentes sean sujetos de programas asistencialistas.
Las organizaciones de la sociedad civil, dijo Suárez Cortez, se pronuncian por el rechazo categórico a las modificaciones realizadas en el Senado a la Ley de Prestación de Servicios y Atención, Cuidados y Desarrollo Integral Infantil, “en la que se incluyen los mal llamados derechos sexuales de niños, niñas y adolescentes, dado que atenta contra el derecho de los padres a la educación de sus hijos dentro de sus valores y creencias, según lo dice la Declaración de Derechos Humanos”.
En rueda de prensa, reveló que se atenta contra la patria potestad, contra la libertad religiosa, en detrimento de la familia y del menor, ya que confronta a los hijos con la autoridad de los padres como guía y sustento de sus hijos, poseedores de la patria potestad y encargados de su desarrollo, salud y bienestar.
Con la ley, reveló, los padres tienen obligaciones y no tienen derecho, por lo que la normatividad confunde a los menores, dejándolos al garete entre la autoridad de los padres, de los maestros y del Estado, dando como resultado que no haya autoridad, es por eso que la mayoría de edad se da hasta los 18 años, donde se considera que el joven es un sujeto jurídico con derechos y obligaciones, de tomar decisiones trascendentes en relación con la vida, incluyendo su sexualidad.
Ley anula derechos y obligaciones de los padres
Por su parte, el presidente de la delegación Puebla de la Unión de Padres de Familia, Leobardo Espejel Rentería, dijo que la ley anula completamente los derechos y obligaciones de los padres de familia, porque no les da el derecho de educar como consideren prudente a sus hijos.
La ley, reiteró, deteriora la relación entre padres e hijos y quita derechos a padres de familia, por eso afirmó que resulta anticonstitucional porque va en contra de las mismas leyes del país: “Es una propuesta de ley que no respalda ninguna institución a nivel mundial ni la ONU ni la Constitución mexicana”.
Es posible echarla abajo, afirmó Espejel Rentería, porque no tiene ningún sustento legal: “Es antinatural, es una ley que fue metida por algunos diputados que no tomaron en cuenta los derechos y obligaciones naturales del ser humano”.
La actual propuesta aceptada por los senadores, dijo Suárez Cortez, descalifica la autoridad paterna y promueve en los niños iniciar su vida sexual a una edad más temprana, legitimando el ejercicio de su sexualidad.
