La Procuraduría General de la República (PGR) confirmó que no ha realizado pruebas de control de confianza a ningún secretario del gabinete del gobierno de Puebla, ni tampoco al mandatario Rafal Moreno Valle Rosas.
Mediante la respuesta SJAI/DGAJ/02282/2014, a la solicitud de información de Intolerancia Diario, por medio de la Ley de Transparencia federal, la dependencia señaló que no tiene expediente alguno de pruebas realizadas a los funcionarios de primer nivel en el gobierno de Puebla.
“Favor de proporcionar los resultados expedientes de las pruebas de confianza que se hayan hecho a los funcionarios de Puebla de primer nivel, desde el gobernador, procurador, secretario de seguridad pública, hasta secretarios de estado de esta entidad”, se solicitó.
En una búsqueda realizada del 1 al 31 de diciembre del 2013, la PGR señaló que no encontró ningún expediente de control de confianza realizado por el centro de evaluación a altos funcionarios del estado de Puebla.
Mientras tanto, en los últimos días se anunció la baja de 400 policías estatales por no ser aptos en dicha prueba y otros 80 policías ministeriales causaron baja por el mismo concepto.
Esto generó una ola de protestas de parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE), quien han solicitad en medios de comunicación que también se practique cada año estas pruebas a los altos mandos.
La respuesta de la PGR, emitida el 12 de marzo de 2014, fue sometida al comité de información de esta institución, el cual en su décima sesión ordinaria, celebrada el 7 de marzo de 2014, determinó confirmar la inexistencia de la información solicitada.
Todo con fundamento en los artículos 46 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 70, fracción V, de su reglamento.
No obstante, la PGR, con la finalidad de favorecer el principio de máxima publicidad, sugirió dirigir la solicitud al gobierno de Puebla o ingresar a la página web de Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).
Sin embargo, se accedió a dicho portal de internet, pero no se encontró ninguna información detallada sobre si autoridades federales realizaron pruebas de confianza a los servidores públicos poblanos.
Resistencia
En 2011 el SNSP envió a los gobernadores de todos los estados del país y al jefe de Gobierno del Distrito Federal información sobre la obligación legal de evaluar a sus altos mandos.
Las estadísticas del Estatus Evaluaciones de Control de Confianza de Altos Mandos, del SNSP en 2011, mostraron que 75 por ciento de los gobiernos estatales se ha negado a evaluar a sus secretarios de Gobierno, y que 20 por ciento no ha enviado a sus procuradores o fiscales para certificarlos.
Según información del periódico Excélsior, la certificación de altos mandos en los estados es primordial, pues de ellos dependen las políticas de seguridad y de procuración de justicia de los mandatarios de la entidad.
Los secretarios de Gobierno y procuradores de Justicia, incluso, son quienes establecen los lineamientos directos para la implementación de políticas públicas en la materia. En el caso de los primeros, tienen en sus manos la estabilidad interna de cada entidad.
Los exámenes se realizan por los Centros de Control de Confianza de la Procuraduría General de la República, de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Seguridad Pública Federal y del Centro de Investigación y Seguridad Nacional.
A los altos mandos se les aplican varios reactivos, exámenes médicos, toxicológicos, de entorno social y de situación patrimonial, así como sicológica y poligráfica.
De acuerdo con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Publica, los altos mandos que no realicen sus exámenes de confianza tendrán que ser dados de baja.
No aptos o reprobados
Intolerancia Diario reveló, el 19 de junio de 2014, que apenas el 10 por ciento del personal que había reprobado las pruebas de confianza, habían sido dados de baja de la Procuraduría General de Justicia (PGJ).
Un reporte entregado a Intolerancia Diario, tras ser solicitado por la ley de transparencia, señala que 409 personas no aprobaron dicho examen, el que supuestamente determina el nivel de confianza para desempeñar sus funciones, sobre todo en áreas de seguridad.
Apenas 48 elementos de la PGJ han sido dados de baja en este tiempo, según la respuesta a la solicitud 00181714, en el que revela que mil 735 personas han sido examinadas.
En este reporte se comprueba cómo desde que inició el actual gobierno estatal, en febrero del 2011, fueron aumentando las aplicaciones de las pruebas, teniendo su máximo nivel en 2012, sin embargo, el número de aplicaciones va en franco descenso.
De febrero a diciembre del 2011 se aplicaron 202 pruebas, 132 personas las aprobaron y 30 fueron no aprobados. Más de 90 por ciento de los exámenes fueron aplicados en los últimos tres meses de aquel año, octubre, noviembre y diciembre.
El año 2012, es el tiempo en que más se realizaron exámenes de confianza, al aplicarse mil 298 pruebas, de las que mil 031 fueron aprobatorias y 267 se reprobaron.
Para 2013, descendió en más de 50 por ciento el número de aplicaciones, al realizarse solo 593 exámenes, de donde salieron 100 personas salieron reprobadas.
En lo que llevamos del 2014, apenas se han realizado 39 pruebas de confianza, de las cuales 12 elementos fueron reprobados.
La dependencia estatal, a cargo de Víctor Carrancá Bourget, aclaró que los totales entregados son el número de elementos evaluados en las pruebas de control de confianza (evaluaciones integrales), sin considerar aspirantes.
A diferencia de la PGJ, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) se negó a entregar la información, al señalar que era tema del Consejo Estatal de Seguridad Pública, por lo que la Comisión de Acceso a la Información Pública (CAIP) tendrá que estudiar el caso.
De panzazo
En 2013 se reveló que el procurador Víctor Carrancá Bourget aprobó de panzazo la evaluación de control de confianza realizada por la Procuraduría General de la República (PGR) a altos mandos de todo el país.
La información fue publicada por la agencia de noticias Notimex, obtenida por medio de la Ley de Transparencia.
En total se aplicaron 105 pruebas en las que cino altos mandos resultaron apenas aprobados: el procurador de Puebla, Víctor Carrancá; el exprocurador de Oaxaca, Manuel López, y otras tres autoridades poblanas.
Los tres poblanos más que obtuvieron resultados similares en la prueba son: Juan Luis Galán Ruiz, jefe general de la Policía Ministerial; Juan Sánchez Zarza, subsecretario de Inteligencia e Investigación de la Secretaría de Seguridad Pública; y Gustavo Luis Huerta Yedra, titular de la Fiscalía General Regional Pública del país. Lo anterior en el periodo entre 2011 y junio de 2013.
Los resultados de la evaluación fueron entregados al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), puesto que la información se encontraba como "reservada".
Algunas bajas
En enero de 2014, fueron dados de baja por lo menos 20 policías ministeriales por no aprobar los exámenes de control de confianza.
Fueron los mismos elementos los que informaron a los medios de comunicación que empezaron a recibir los oficios correspondientes de su cese.
Entre las bajas se encontraba el agente Raymundo Clemente Romero, quien en el sexenio anterior se desempeñó como el encargado de la seguridad personal del entonces gobernador Mario Marín Torres.
Desde entonces existe temor entre los policías ministeriales, pues desde hace por lo menos dos años existe el rumor de que 200 policías de la corporación serían dados de baja, zozobra que se incrementa día a día.
Contradicciones
En noviembre del 2012, sólo tras una orden de la CAIP, la PGJ reveló que sólo había dado de baja en cerca de dos años a una sola persona por no aprobar las pruebas de confianza.
En ese entonces, las cifras oficiales señalaban que existían 411 elementos no aptos, según los resultados de los referidos exámenes. Ahora a un año y medio de distancia, ya son 361 los que siguen trabajando aunque hayan reprobado.
En 2012, el procurador General de Justicia, Víctor Carrancá Bourget, anunció la baja de alrededor 180 elementos.
“Es una obligación que tenemos, de acuerdo con la ley orgánica de la PGJ, quien no cuente con esa certificación positiva en enero del 2013 será dado de baja, nosotros estamos obviamente en el proceso de evaluar a todo el personal, ya casi concluimos.
”Llevamos cerca de mil 800 funcionarios de 2 mil 400. Tenemos un número de reprobados no muy alto, de no aptos”, dijo el procurador a principios de octubre
—¿Cuántos?
—Son alrededor de mil 800.
—¿Serán dados de baja?
—Serán dados de baja.
—¿Son operativos o administrativos?
—De todo, estamos evaluando a todo el personal, peritos, ministerios públicos, funcionarios, policías ministeriales, secretarias, el número que me refiero es de todos.
“Estoy en permanente comunicación con el consejo, las evaluaciones son integrales, no repruebas por tal y cual cosa”, dijo a principios de octubre.
Para noviembre de ese mismo año, Carrancá Bourget ya no quiso dar cifras precisas a la prensa sobre la cantidad del personal adscrito a la seguridad pública estatal que ha sido examinada.
Pero aseguró que estaba concluyendo el proceso y garantizó todo el personal estaría evaluado antes de que finalice la fecha establecida por la Federación.
"Nosotros no hemos dado de baja, estamos en ese procesos, pero sí es recomendable darle seguimiento a cualquier elemento que retiramos de la corporación, no tengo el numero pero todos los que no hayan aprobado los controles de confianza. Tememos unos 180 pero no quiero equivocarme".
