El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez criticó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en su resolución 2VG/2014 haya instruido a la Procuraduría General de Justicia (PGJ) a identificar a las víctimas y agravios, cuando la propia comisión falseó información en sus investigaciones señalando que el asesinato del niño José Luis Tehuatlie Tamayo fue producto de la “onda expansiva de un cohetón”.
Simón Hernández León, activista y abogado del Centro Prodh, afirmó que confiarle a la Procuraduría que identifique a cada una de las víctimas y sus agravios, cuando fue la propia Procuraduría la que fue parcial en sus investigaciones y no fue objetiva, por lo que carece de credibilidad.
“La recomendación le deja a la propia Procuraduría la investigación y el esclarecimiento cuando la CNDH ya acreditó que se falsearon datos y se falsearon informes por parte de la propia Procuraduría del estado.
”Y le ordena a la propia Procuraduría que haga la investigación cuando no hay condiciones para que esa autoridad que ya quedó demostrado que no objetiva que fue imparcial que dio una versión falsa pues que haga la investigación”, expuso el abogado del centro de derechos humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
“Es una anomalía grave porque no se puede confiar en una autoridad que ya demostró que no es imparcial”, resaltó el abogado.
A juicio del abogado del centro Pro Juárez, la recomendación emitida el pasado 11 de septiembre por la CNDH abona al déficit democrático y deja vulnerables a los ciudadanos, cuando debería abocarse a la salvaguarda de los derechos básicos.
“Habla de un déficit democrático y de la protección de los derechos humanos, crisis de los derechos humanos en este tipo de resoluciones. Porque si bien emite una recomendación, es de carácter parcial, muy sesgada. El establecimiento de responsabilidades no alcanza a todos los servidores públicos.
”Hace aparecer lo sucedido en san Bernardino Chalchihuapan como una situación aislada, pero cuando se trata de un contexto de represión sistemática. Es decir, está diluyendo todas sus capacidades institucionales. Y no es capaz de defender los derechos de las personas. Pues es una comisión que parece estar actuado en función de sus articulaciones y sus alianzas con los poderes en turno que como ordena su mandato. En lugar de esto actúa de manera discrecional, el organismo que es el encargado de la protección de los derechos de los ciudadanos, y actúa más en un carácter político que ciudadano”.
Hernández León plantea que el gobernador de Puebla es responsable de la violación grave a los derechos humanos en San Bernardino Chalchihuapan el pasado 9 de julio, durante un violento operativo policiaco en contra de manifestantes que exigían el regreso de los registros civiles a las juntas auxiliares.
“Es consecuencia de que la autoridad se abocó a su investigación y no quiso señalarlo cuando había elementos que señalaban su responsabilidad.
”Si se señala que Facundo Rosas es responsable de los saldos del operativo, pues habría que señalar al gobernador que lo nombró conociendo que tenía antecedentes en la violación graves a los derechos humanos contra manifestantes y esa responsabilidad no se puede obviar, y a pesar de esto no hay ninguna consecuencia ni ningún señalamiento al gobernador porque la CNDH hace aparecer esto como una situación aislada. No considera el clima de déficit democrático que está viviendo el gobierno de Rafael Moreno Valle, sino más bien nos habla de una involución a los derechos humanos en la entidad”.
Se agrava el clima de persecución
“Hay más de 30 presos de carácter político desde que Rafael Moreno Valle llegó al poder”, comentó el abogado del centro Pro de derechos humanos, quien explica que la comisión fue omisa porque se vería involucrada, porque fue la misma comisión la que avaló la “ley Bala” que el Congreso de Puebla aprobó el 21 de mayo.
“Es responsable también porque ellos avalaron la ley Bala, el silencio es responsable. Ellos no hacen una evaluación ni se responsabilizan por haber dado este aval. La consecuencia es también negar su responsabilidad al gobierno del estado por las violaciones a los derechos humanos por la cuestión por la forma en la que está actuando la Procuraduría, fabricando delitos; entonces hay una responsabilidad, hay un condicionamiento estructural de la violación a los derechos humanos que la CNDH no vio y por lo tanto hay una convalidación del gobierno y de sus políticas”.
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Diversas organizaciones, agrupadas en el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social, señalaron el pasado 12 de septiembre que, pese a que señala la responsabilidad de Facundo Rosas, titular de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, y de los elementos policiacos en el operativo, la CNDH no consideró que esta ley contraviene las obligaciones internacionales a las que el Estado mexicano está comprometido y que por acción facilitó las violaciones graves a los derechos de los manifestantes.
La CNDH tampoco establece responsabilidades a la Procuraduría General de Justicia, a pesar de acreditar que contaminó la escena, no recabó evidencia y que el procurador Víctor Carrancá difundió una versión falsa sobre la muerte del menor, pretendiendo inculpar a los manifestantes con la hipótesis de la onda expansiva producida por un cohetón.
“La CNDH tampoco establece responsabilidades a la Procuraduría General de Justicia, a pesar de acreditar que contaminó la escena, no recabó evidencia y que el procurador Víctor Carrancá difundió una versión falsa sobre la muerte del menor, pretendiendo inculpar a los manifestantes con la hipótesis de la onda expansiva producida por un cohetón.
”Además, resulta preocupante que la CNDH esté guiada por una agenda política, más que por apego a su mandato constitucional, y por ello concluya, de una investigación sesgada, que las violaciones a derechos humanos fueron producidas por omisiones y falta de apego al marco normativo, cuando hay elementos claros que demuestran la responsabilidad por acción deliberada del gobierno de Rafael Moreno Valle y de la Comisión presidida por Raúl Plascencia por el aval explícito a legislaciones que violan derechos humanos”.
