El dirigente del Movimiento Alternativa Social, Ricardo Jiménez Ávila, demandó un alto al proceso de expropiación y despojo. Además, lamentó que los diputados locales aprueben diversas leyes que atentan contra los derechos humanos de los ciudadanos, entre éstas la “ley del Despojo” y la de la Asistencia Privada.

Jiménez Ávila señaló que la movilización del pasado sábado que llegó a Casa Puebla y las acciones en Cholula indican el descontento de los poblanos, pese que Rafael Moreno Valle las ignora.

Insistió en que no es posible que se utilice la Ley de la Asistencia Privada para despojar a las instituciones de su patrimonio y es posible que esta dinámica continúe en el centro histórico, donde piensan apropiarse de inmuebles de particulares también, y no se descarta que también se involucren edificios que son propiedad de dichas instituciones.

Lamentó que el patrimonio de los poblanos se entregue a las trasnacionales y grupos empresariales que no son de Puebla, ante la complacencia de partidos y diputados.

Jiménez Ávila manifestó que el resultado de las jornadas de protesta de la ciudadanía ha sido la insensibilidad del gobernador Rafael Moreno Valle, quien ha ignorado las demandas de un estado.

Expresó que pese a la amplia difusión de la problemática ciudadana, se ha aplicado la política de oídos sordos y una actitud cerrada por parte de las autoridades, que no cesan de pregonar en los medios nacionales cómodos y comprados que sí están atendiendo a los gobernados.

Jiménez Ávila dijo que el gobernador se aferra al poder, aunque las protestas siguen en las calles, el malestar por el autoritarismo que ha dejado en la cárcel a más de 33 presos de conciencia en poco más de tres meses.

El representante del movimiento volvió a cuestionar las iniciativas que han sido aprobadas por un Congreso sumiso, e insistió en que los legisladores avalan este tipo de acciones mientras van en aumento la pobreza y el desempleo.

Dijo que la movilización no se va a detener, ya que él mismo Ejecutivo fue quien encendió la chispa con la cual los ciudadanos están despertando.

Ricardo Jiménez cuestionó que ahora la movilización que se da en las redes sociales se frene bloqueando páginas y criminalizando las protestas, en lugar de escuchar el descontento y atenderlo.

Ricardo Jiménez Ávila, integrante del Movimiento de Alternativa Social, manifestó: “Ni un muerto más en el estado”. Y criticó al gobierno estatal, al que calificó de represor y que ha sembrado el terror en Puebla.

Aclaró que la muerte de Tehuatlie Tamayo no fue la primera que ocurre en este año, la primera fue la de Antonio Esteban Cruz, opositor a los proyectos hidroeléctricos en la Sierra Norte.

Asimismo, se refirió a la negligencia para liberar al luchador social Delfino Flores Melga, que murió el pasado 24 de junio, violando sus derechos humanos.

Jiménez Ávila dijo que el caso más preocupante es el del menor de San Bernardino Chalchihuapan, una vez que la manifestación era pacífica al pedir la devolución de las oficinas del Registro Civil.

Alto al acoso
El Movimiento de la Alternativa Social (MAS) advierte al gobierno del estado que la campaña de intimidación y acoso a activistas, actores sociales y medios de comunicación, las protestas y manifestaciones en su contra no cesarán.

El MAS lamenta que en lo que va de la administración del gobernador Rafael Moreno Valle se han registrado al menos una decena de robos similares a oficinas o domicilios de quienes mantienen una actitud crítica frente a las políticas implementadas en la actual administración.

“Los delincuentes sólo han sustraído computadoras y documentos personales, la mayoría ha denunciado públicamente al mandatario como el responsable y orquestador de la campaña y cerco represor”, señaló Marco Mazatle, integrante también de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT).

“A pesar de la amplia difusión de la problemáticas ciudadanas, se ha aplicado la política de oídos sordos y una actitud cerrada de parte de las autoridades que no cesan de pregonar en medios nacionales cómodos y comprados, que atienden a sus gobernados y al interior una política negra en contra de voces opositoras.

”El resultado de las jornadas de protestas de la ciudadanía ha sido la insensibilidad del mandatario Rafael Moreno Valle, quien ha ignorado las demandas de un estado entero”, indicó.

Señaló que las protestas siguen en las calles, el malestar por el autoritarismo que ha dejado en la cárcel a más de 33 presos de conciencia sólo estos tres últimos meses, las erradas medidas de orden, las iniciativas de ley que han sido aprobadas por un Congreso sumiso, la pobreza, el alto desempleo, sumado al caso Chalchihuapan, cuyo saldo fue un niño asesinado por una bala de goma, presenta el cóctel que está alimentando las protestas que tienen como objetivo poner fin a este gobierno.

“Durante su campaña, Moreno Valle ofreció una alternativa digna, sin embargo, el expriista tiene a mitad de su sexenio un estado convulsionado, y pese a esto se mantiene al margen negando el diálogo a los demandantes.

”Las manifestaciones que se veían en el pasado orquestadas por corporativos y líderes nacionales hoy tienen otro escenario, se han trasladado a las redes sociales, desde donde se realizan las convocatorias a nuevas movilizaciones”. 

Caso Chalchihuapan
Ricardo Jiménez criticó la campaña emprendida por el gobernador para distorsionar los hechos y recordó que los pobladores lograron recabar las pruebas irrefutables en cinco costales repletos de balas de goma y latas de gases lacrimógenos.

Además, recriminó el hermetismo con que el gabinete de Moreno Valle manejó la situación y con declaraciones ridículas, como el que grupos criminales estaban detrás de la protesta social de Chalchihuapan, y otra en el sentido de que se utilizaron “piedras de gran calibre” contra los policías.