El Congreso de la Unión aprobó sin discusión y en votación económica, todos los pronunciamientos en contra de las violaciones a los derechos humanos de la policía estatal en el caso Chalchihuapan de parte de partidos como el PRD, Movimiento Ciudadano y PRI, y urgió a la CNDH a entregar un informe al respecto.
Las propuestas fueron presentadas el 16 y 23 de julio, así como el 6 de agosto por los mencionados partidos políticos.
Sin embargo, las peticiones de que la Procuraduría General de la República (PGR) y Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atraigan el caso se tendrán que realizar por separado en el Senado y Cámara de Diputados federal.
Lo anterior fue publicado en la gaceta de la comisión permanente del Senado de la República, luego de que fue aprobado en el pleno del Congreso de la Unión solicitar a la CNDH un informe con relación a las violaciones a los derechos humanos en los eventos suscitados en la autopista Atlixco-Puebla el 9 de julio.
La Comisión Permanente del Congreso de la Unión analizó el punto de acuerdo para que el Poder Legislativo federal exhorte a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atraiga el caso una vez concluidas las investigaciones de la CNDH, lo que se tomó en cuenta.
En el expediente de la gaceta se menciona que la diputada federal del PRD, Roxana Luna, enumeró todas las violaciones a los derechos humanos que se han documentado.
El recurso fue tramitado por los senadores de su instituto político Alejandro Encinas Rodríguez y Luis Sánchez Jiménez.
Se aprobó que el Poder Legislativo federal exhorte a la CNDH a que en las investigaciones correspondientes ante las evidentes y flagrantes violaciones graves a los derechos humanos, tome en consideración todos los argumentos vertidos en el Legislativo.
Y pide que a la brevedad emita la recomendación correspondiente, motivando si así resultara a que por los conductos adecuados se inicien las acciones penales correspondientes así como la reparación del daño y todas las consecuencias civiles para las víctimas.
En el punto de acuerdo se relata que desde noviembre del 2013 el Congreso del estado de Puebla modificó la Ley Orgánica Municipal quintándoles a las juntas auxiliares de los 217 municipios la facultad de prestar el servicio público del registro civil.
Esto dio origen a la manifestación del 9 de julio en el kilómetro 14 de la autopista Puebla-Atlixco, la que fue desalojada al ser tomada por vecinos de Chalchihuapan.
De este desalojo violento resultaron lesionadas decenas de personas, entre ellas el niño José Luis Tehuatlie Tamayo, quien murió 10 días después por una fuerte herida en la cabeza.
“De dichos actos represivos por parte del gobierno del estado de Puebla se pueden advertir diversas violaciones directas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como violaciones a los derechos humanos señalados por la carta fundamental y los tratados internaciones. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley”, señala el acuerdo.
“El artículo 102 apartado B establece la facultad de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para conocer sobre la violación grave a los derechos humanos. Es decir aprobada la reforma constitucional del 2011 sobre derechos humanos, se establece la competencia de la CNDH, para conocer sobre dichas violaciones graves a los derechos humanos, lo que anteriormente conocía la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su artículo 97 constitución párrafo VII.
”De acuerdo con el mismo artículo 102 relacionado con el artículo 1 y 133 de la constitución. Se establece: ‘la Comisión Nacional de los Derechos Humanos podrá investigar hechos que constituyan violaciones graves de derechos humanos, cuando así lo juzgue conveniente o lo pidiere el Ejecutivo Federal, alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, el gobernador de un Estado, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal o las legislaturas de las entidades federativas’.
”En virtud de que ya atrajo la CNDH la investigación de los hechos antes mencionados, es necesario decirle al titular que el gobernador del estado de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas volvió a solicitar los servicios de asesoría legal para defenderlo de estos hechos al licenciado Juan Pablo Piña Kurczyn, quien fue sexto visitador de la CNDH dentro de su actual administración, por lo que podría existir un posible conflicto de intereses, pero confiamos en la autonomía y credibilidad de ese organismo.
”Hay una violación directa a los derechos humanos por parte del gobierno el estado de Puebla, por implementar métodos de criminalización de la protesta, y la falta de protocolos de la llamada #LeyBala, por los resultados ya expuestos”.
Al final de la gaceta parlamentaria se informa el resolutivo aprobado: “La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos remita un informe a esta Soberanía con relación a las presuntas violaciones a los derechos humanos en los eventos suscitados en la autopista Atlixco-Puebla el pasado 9 de julio de 2014”.
