El gobierno de Rafael Moreno Valle fracasó en su intento por ocultar la información concerniente al operativo del pasado 9 de julio en la junta auxiliar de San Bernardino Chalchihuapan, en donde nueve personas resultaron heridas de gravedad, entre ellas el menor José Luis Tehuatlie Tamayo, quien recibió un impacto en la cabeza que, 10 días después, le costó la vida.
El periodista Josué Huerta López cuestionó a la Secretaría de Seguridad Puebla, a través de las solicitudes de acceso a la información con los folios 00293514, 00293614, 00293714 y 00293814, sobre cuántos policías “fueron enviados para contener la manifestación del 9 de julio”. Además, preguntó qué funcionario “dio la orden para que la policía del estado fuera” a San Bernardino Chalchihuapan y las armas que se utilizaron el día del desalojo.
Las respuestas del gobierno de Puebla fueron negativas, reservó durante siete años la información sobre el desalojo ejecutado por la Policía Estatal contra pobladores de Chalchihuapan. Hasta el 2021 cualquier ciudadano tendría acceso a dicha documentación.
Sin embargo, la opacidad del gobierno ocasionó un sinnúmero de críticas; el tema se retomó en varios medios de comunicación y en las redes sociales.
Ante la presión mediática, la administración de Moreno Valle reculó y, “por instrucciones” del mismo gobernador, la Secretaría de Seguridad Pública dio respuesta, la noche del miércoles, a cada una de las respuestas requeridas en las solicitudes.
En un escueto boletín, el gobierno aseguró que en el día del operativo participaron 427 policías adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública.
Además, informó que los uniformados utilizaron equipo de disuasión consistente en: “20 lanzadores de dispositivos de gas lacrimógeno, 13 de ellos sencillos de modelo TL1-37/38 mm, de la marca Penn Arms y 7 múltiples de modelo TL8-37/38 mm, de la marca Penn Arms; 66 dispositivos de gas lacrimógeno de largo alcance lanzados desde los instrumentos antes referidos, de la marca Combined Systems y 166 dispositivos de gas lacrimógeno de corto alcance que solamente arrojan gas y no cartuchos, de la marca Combined Systems; 426 escudos protectores de policarbonato de modelo CA, de la marca Protective Maquinal Technology; 426 cascos de protección personal y 426 bastones del modelo PR24, también de la marca Protective Maquinal Technology”.
No obstante, Willibaldo Díaz Castillo, director de Operaciones Policiales de la Policía Estatal Preventiva, fue el servidor público que ordenó el despliegue de los efectivos.
La opacidad
El portal Unión Puebla —en una nota firmada por el reportero Josué Huerta— señaló que el gobierno de Puebla mantendrá oculta la información sobre el número de policías que acudieron a controlar la manifestación y el nombre del funcionario encargado del operativo.
Pero además de la información que el gobierno de Puebla ocultará por siete años a los ciudadanos, también se encuentra la cantidad y tipo de armas que ocuparon los policías estatales y las características de los proyectiles utilizados.
El portal noticioso realizó cuatro solicitudes de acceso a la información a la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla, sobre la estrategia del operativo en la junta auxiliar de San Bernardino Chalchihuapan el pasado 9 de julio, para contener a la manifestación, operativo en el cual murió el niño José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, de 13 años de edad.
En la respuesta —de cuatro solicitudes— la SSP Puebla externó que la información no podía hacerse pública porque provocaría “un daño a la función de la seguridad pública”.
La SSP Puebla sólo contestó una solicitud en la que se cuestionan los protocolos que sigue la policía estatal para disparar gas lacrimógeno y granadas y los cursos que siguen los policías para ocupar este armamento.
Pero la SSP Puebla respondió con una “serie de protocolos de actuación vigentes” de manera general.
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El tema del armamento ocupado por la policía estatal de Puebla en el operativo del 9 de julio pasado se encuentra en el centro de la investigación que realiza la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
El pasado 13 de agosto, el ombusdman Raúl Plascencia dijo que solicitará información técnica detallada a fabricantes y proveedores del armamento disparado por las fuerzas policiacas estatales el 9 de julio en en contra de pobladores de San Bernardino Chalchihuapan. Analizará la CNDH “los daños que pueden producir en una persona o en las cosas si no se utilizan debidamente”.
El ombudsman Raúl Medina Plascencia confirmó que la CNDH incluirá entre sus pruebas periciales indagaciones a los fabricantes y proveedores del armamento utilizado por la policía, así como los proyectiles disparados en el operativo del 9 de julio pasado.
Desde los primeros días posteriores al 9 de julio, pobladores de San Bernardino Chalchihuapan mostraron el arsenal ocupado por la policía estatal.
Las autoridades de Puebla han soslayado en ruedas de prensa la información detallada sobre el armamento ocupado en el operativo del 9 de julio, además de la caducidad del mismo, en especial, porque se ocuparon granadas y proyectiles de gas lacrimógeno. El gobierno de Puebla no ha explicado bajo qué condiciones se ocuparon proyectiles y lanzaderas el 9 de julio. Ni tampoco ha hecho públicos las restricciones en el uso de dicho armamento.
Sin embargo, en sus investigaciones, la CNDH, que emitirá un informe sobre las violaciones graves a los derechos humanos a principios de septiembre, incluirá sus propios peritajes.
El ombusdman informó en rueda de prensa que solicitará información a los fabricantes del armamento utilizado en el operativo de San Bernardino Chalchihuapan.
“Contamos con personal suficiente, con la experiencia y con la tecnología como para poder llevar a cabo nuestras propias determinaciones.
”Independientemente de ello, estaremos sí, pidiendo algunos apoyos, particularmente a los distribuidores y proveedores de estas cápsulas que contienen gas lacrimógeno, para hacer los estudios y análisis en torno a los efectos, características de los mismos y los daños que pueden producir en una persona o en las cosas si no se utilizan debidamente”.
Plascencia aseveró que los fabricantes cuentan con información técnica detallada sobre el armamento utilizado por la policía de Puebla en el operativo del pasado 9 de julio.
El presidente de la CNDH afirmó que los estudios de las empresas sobre su armamento son relevantes para la investigación que realiza la CNDH: “Por fortuna, las compañías que se dedican a vender, a comercializar, a producir, al hacer esto tienen estudios muy importantes en la materia que ahí están algunos en conocimiento de la opinión pública y otros más que directamente acudiremos a obtener ahí, dado lo especializado de la materia”, señaló el 13 de agosto el ombudsman.
La respuesta morenovallista
“Por instrucciones del Gobernador del Estado de Puebla, Rafael Moreno Valle, la Secretaría de Seguridad Pública informa lo siguiente:
”1. En el operativo del 9 de julio de 2014, para abrir la circulación en la autopista Puebla-Atlixco, participaron un total de 427 policías preventivos adscritos a la Dependencia.
”Los elementos policiacos que participaron en el operativo del 9 de julio de 2014 solamente utilizaron equipo de disuasión consistente en: 20 lanzadores de dispositivos de gas lacrimógeno, 13 de ellos sencillos de modelo TL1-37/38 mm, de la marca Penn Arms y 7 múltiples de modelo TL8-37/38 mm, de la marca Penn Arms; 66 dispositivos de gas lacrimógeno de largo alcance lanzados desde los instrumentos antes referidos, de la marca Combined Systems y 166 dispositivos de gas lacrimógeno de corto alcance que solamente arrojan gas y no cartuchos, de la marca Combined Systems; 426 escudos protectores de policarbonato de modelo CA, de la marca Protective Maquinal Technology; 426 cascos de protección personal y 426 bastones del modelo PR24, también de la marca Protective Maquinal Technology.
”3. El Inspector Willibaldo Díaz Castillo, Director de Operaciones Policiales de la Policía Estatal Preventiva, es el servidor público que ordenó el despliegue de los efectivos que acudieron a la autopista Puebla-Atlixco, una vez que fue informado del bloqueo de la misma por parte de manifestantes el 9 de julio de 2014.
”El presente comunicado se difunde en respuesta a solicitudes recibidas a través de los mecanismos de transparencia y acceso a la información, sobre el operativo de Chalchihuapan, que algunos ciudadanos han presentado ante la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Dependencia que por instrucciones del Gobernador de Puebla, hace pública toda aquella información que no le impida la ley, por ser parte de la investigación a cargo del Ministerio Público o alguna otra instancia competente.
”De la misma manera se destaca la cooperación que se ha tenido con la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, instancias que están investigando el caso”.
