Una “cadena humana” formarán poblanos el próximo 30 de agosto, la cual se realizará del zócalo de la ciudad a Casa Puebla; demandan la desaparición de poderes en el estado, ante las constantes violaciones a los derechos humanos y haber adoptado un régimen de gobierno diferente al que marca la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de que debe prevalecer la división de poderes.

En conferencia de prensa, dirigentes de organizaciones sociales y sindicales, así como líderes políticos del PAN y Movimiento Regeneración Nacional (Morena), anunciaron la realización de una “cadena humana” que llegará a Casa Puebla para exigir la desaparición de poderes en el estado.

Nuevamente estuvieron juntos Ana Teresa Aranda y Marco Mazatle, consejeros de Acción Nacional, quienes piden que el día de la “cadena humana” se vistan de luto y lleven una vela en señal de duelo.

Los activistas acusaron que las violaciones constantes al Estado de Derecho por parte del gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas, el Congreso local y el Tribunal Superior de Justicia, así como las alianzas que han tejido para favorecerse, obligan su sustitución para que Puebla pueda recuperar la paz social.

La movilización se llevará a cabo el sábado 30 de agosto y será la tercera que se organiza en un mes contra la administración morenovallista, como resultado de la represión en San Bernardino Chalchihuapan del 9 de julio, que dejó un niño muerto y decenas de heridos.

Indicaron que la exigencia sigue siendo el juicio político al gobernador Rafael Moreno Valle y la desaparición de poderes en el Estado para que se restablezca el Estado de Derecho.

Expresaron que el gobernador ha permitido la violación a los derechos humanos desde el 2005, ya que siendo presidente de la Gran Comisión del Congreso del estado no dijo nada cuando fue encarcelada la periodista Lydia Cacho y fue hasta el escándalo por el audio difundido cuando se dio cuenta de que le convenía para su futuro político.

Reiteraron que hay un pliego de peticiones que el gobierno del estado se niega a aceptar, al igual que los integrantes del Poder Legislativo: 

“1. Libertad a los más de 30 presos políticos y retiro de cargos (detenciones relacionadas con gasoducto, Chalchihuapan, mototaxis y transporte), así como control ciudadano para el respeto a los derechos humanos

”2. Respeto y certeza jurídica para los mototaxistas

”3. Recontratación del personal del Hospital del Niño Poblano

”4. Respeto a ejidatarios, propietarios y vecinos afectados del  Proyecto Morelos, así como su cancelación total, por innecesario, altamente riesgoso e ilegal

”5. Revocar concesión del Sistema Operador de Agua Potable en Puebla, Pue., detener la privatización en otros municipios y cobro justo de tarifas

”6. Cancelar privatización del alumbrado público y otorgar servicio a todos las colonias y municipios del Estado.

”7. Derogación de la Ley de Transporte (No al monopolio Estrella Roja)

”8. Derogación de reformas a la Ley de Expropiación

”9. Derogación verdadera de la ley bala y respeto a la libertad de protesta.

”10. Devolución del Registro Civil a las Juntas Municipales Auxiliares.

”11. Transparencia en el manejo de recursos y bienes públicos”.

No obstante, sostuvieron que existen los elementos, ya que se cuenta con los acuerdos de admisión presentados por el gobernador, así como con los oficios que remiten las leyes aprobadas al Periódico Oficial del Estado en cuestión de horas o días, con lo que se comprueba que el Poder Legislativo simplemente acata las órdenes del Ejecutivo.

Los representantes insistieron en que a las condiciones que se señalaron se encuentra un hecho más grave, que es la represión, un niño muerto, cien lesionados, 37 presos políticos, 34 detenciones arbitrarias y tres detenidos por dar Like en el Facebook, cifras que demuestran la represión que se vive en el estado, además de que el Poder Judicial le regala órdenes de aprehensión, de cateo, aceptan todo tipo de detenciones y cierran los ojos ante la fabricación de pruebas.