Burócratas despedidos por el gobierno del estado están siendo bloqueados por el Tribunal de Arbitraje en sus demandas laborales, por lo que tienen que presentar constantes juicios de amparo para agilizar los procesos.

 embargo, nuevamente les fue informado que se cancelaba de manera súbita.

Marco Antonio Manzano Ramírez, uno de los 25 burócratas despedidos en octubre del 2013, demandó al Tribunal Superior de Justicia, donde laboró por casi 30 años, por su baja injustificada.

Esta persona fue uno de los 13 aspirantes a participar en la renovación del Comité Ejecutivo del Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado (STSPE).

Ahora, por su cuenta, fue uno de los 12 despedidos que interpuso un juicio laboral contra el TSJ, y a casi nueve meses de iniciado el proceso, no se ha iniciado ni siquiera la primera audiencia de conciliación.

En esta audiencia supuestamente el demandado, en este caso el TSJ, tiene que hacer una propuesta de finiquito, para no continuar el juicio, pero hasta el momento las autoridades del Poder Judicial se niegan a sentarse a la negociación, con la anuencia del Tribunal de Arbitraje.

Este caso es una muestra de lo que les ha ocurrido a los demás despedidos, quienes tienen que recurrir constantemente a amparos ante juzgados federales para que sus procesos continúen.

A diferencia de los trabajadores de empresas privadas que en caso de despido injustificado tienen que acudir a la Junta Local de Conciliación de Arbitraje, para los empleados de los poderes del gobierno, el recurso es ir con el Tribunal de Arbitraje.

Manzano Ramírez llegó a las oficinas de esta dependencia estatal acompañado con sus demás excompañeros en mensaje de solidaridad, donde señaló a Intolerancia Diario que la situación de bloqueo es muy grave.

Recordó que el gobierno estatal les prometió el pago de indemnizaciones justas cuando fueron dados de baja; sin embargo, sólo le ofrecieron apenas el 20 por ciento de lo que realmente le correspondía por cerca de tres décadas de trabajo.

En esta situación se encuentran al menos 10 de los 25 despedidos, ya que el resto sí aceptó los finiquitos, aunque fueron muy bajos a lo que por ley les correspondía.

En entrevista, Antonio Manzano consideró que lo que al parecer buscan las autoridades estatales es retrasar el proceso y brindarle tiempo a la parte gubernamental para que prepare su defensa.

Señaló por ejemplo que para esta reunión el representante del TSJ se acreditó con una hoja que carecía de legalidad, la que no contaba con sello, folio ni la firma del presidente del Poder Judicial, quien fue el que lo dio de baja como archivista.

Antonio Manzano ingresó como archivista en el TSJ en 1977, además de ocupar cargos en el Comité Ejecutivo del sindicato a lo largo de un periodo de 15 años, por lo que era uno de los aspirantes a la dirigencia sindical.

En el sindicato de burócratas ocupaba el cargo de secretario del Interior y Acción Política, cuando fue dado de baja.

Ahora, advirtió, presentará una queja ante la Contraloría del estado, otra más ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado, y valora presentar una demanda penal, pues aseguró se encuentra en un estado de indefensión.

La audiencia se reprogramó para el próximo lunes, cita en la que espera sea acompañado por un visitador de la CDH.
 
Despidos masivos
El 87 por ciento de los trabajadores que laboraban para el gobierno de Mario Marín Torres fue despedido en los primeros tres años de la administración de Rafael Moreno Valle Rosas.

Cifras oficiales revelan que han sido despedidos 8 mil 441 de los 9 mil 687 trabajadores de confianza que se desempeñaban en las 16 dependencias estatales centrales hasta el 31 de enero del 2011, un día antes del cambio de gobierno.

Pero si se suman los 2 mil 80 despedidos según otros datos proporcionados por 15 instituciones descentralizadas y de la Secretaría de Salud, la cifra de bajas llega a 10 mil 521 personas en la primera mitad del sexenio morenovallista.

Todas las cifras han sido reveladas a este reportero mediante 34 solicitudes de información e incluso un amparo ganado ante instancias federales a lo largo de tres años.

Pero apenas 110 extrabajadores recibieron finiquitos, lo que significa que uno de cada cien despedidos o el 1.04 por ciento fue indemnizado, según otra respuesta de la Secretaría de Finanzas bajo el expediente 136/SFA-08/2013.

Pero siguen pendientes las cifras oficiales de despedidos de otras 14 instituciones descentralizadas, caso que analiza un tribunal colegiado federal tras un juicio de amparo ganado a la Comisión de Acceso a la Información Pública (CAIP).

Obtener las respuestas fue gracias a un trabajo de tres años, tiempo en que se presentaron 34 solicitudes de información, de las cuales 19 se fueron a recurso de revisión ante la CAIP, cinco de ellas ganadas y 14 pendientes en tribunales federales.

De los dos recursos de revisión perdidos, en ambos se interpuso un juicio de amparo ante jueces federales, y los dos fueron ganados, uno de ellos ante un Tribunal Colegiado de la Federación y el segundo ante el juez décimo de distrito.

Pero el órgano garante de la transparencia en Puebla no se quedó tranquilo e interpuso un recurso de revisión ante un tribunal colegiado, todo para no ordenar la entrega de la información de los despedidos de dichas dependencias pendientes., el cual está a días de definirse.
Ambas victorias de los juicios de amparo en los tribunales fueron las primeras en contra de CAIP en toda su historia, aunque una está por resolverse.