En la junta auxiliar de Santa Isabel Tepetzala, del municipio de Acajete, la Policía Estatal Preventiva (PEP) ubicó una “casa de seguridad” del crimen organizado, donde resguardaban contenedores con gasolina presuntamente robada. En el operativo fueron detenidos ocho sospechosos de robo del combustible, además de que aseguraron tres vehículos que eran utilizados para el traslado y la venta de lo robado, además de un tractocamión y 3 mil litros de gasolina.

Por medio de un comunicado, la PEP informó del aseguramiento del inmueble, como consecuencia de una inmediata intervención, por una denuncia anónima. Sospechosos y todo lo asegurado fueron remitidos a la delegación Puebla de la Procuraduría General de la República, para que se sigan las investigaciones correspondientes.

Los detenidos como presuntos responsables de robo del combustible son: Carlos Eduardo Gonzales Trejo, de 28 años de edad; Marco Antonio Ortega Aguilar, de 26; José Ángel Farrera Torres, de 24; Armando Rosas Morales, de 22; Arcemio Rivera Gómez, de 27; José Miguel Aguilar Carreón, de 28; Félix Rosas Luna, de 33 años de edad, y Bernardo Zayas López, de 20 años de edad.

La casa de seguridad se ubica en la privada Josefa Ortiz de Domínguez, de la junta auxiliar de Santa Isabel Tepetzala, lugar donde los uniformados al llegar ubicaron estacionado un tractocamión Kenworth de color rojo, placas 181-EE8, donde detectaron que sobresalía una manguera que conectaba a dicha casa, por lo que revisaron la unidad detectando que ya habían sido abastecidos varios contenedores.

Además de los detenidos fueron asegurados los vehículos: Una camioneta Ford, color gris con placas de circulación SG70064 del Estado de Puebla; camioneta Chevrolet Cheyenne, color blanco con placas de circulación SY75570 del estado de Querétaro, y una camioneta Chevrolet color verde, con placas de circulación SG66318, del estado de Puebla, las cuales eran utilizadas para el traslado y la venta del combustible robado.

Al parecer hay más implicados en este ilícito, por lo que las investigaciones quedaron a cargo de la Procuraduría General de la República.