Desde el punto de vista jurídico, el tema del Registro Civil se lo complicó el Estado mismo, esto no debió haber pasado, dijo la regidora María Esther Gámez Rodríguez, quien puntualizó que si la autoridad poblana retoma el control del Registro Civil “está bien si esa es su función, ya se la quitaste, pero no hizo nada para que cuando llegaran los nuevos funcionarios estuviera funcionando, no hicieron nada, ese es el problema, el asunto se lo complicó el Estado. No termino de entender por qué el asunto del Registro Civil se lo complicó el Estado, así ahora la gente dice que va en contra de ellos”.

Y aunque afirmó que en ningún momento el reglamento de funcionamiento del Registro Civil permite que se entreguen documentos sin apego a la normatividad, dijo que “nunca ha estado permitido, esa es una costumbre, nunca ha estado permitido y la reforma a la ley, cuando le quitan esas funciones, tampoco lo permite, se presenta cuando le quintan esa facultad, pero se la quitan en la ley, pero el reglamento sigue diciéndolo, el reglamento todavía dice que los presidentes auxiliares son jueces por ministerio de ley, el reglamento no se ha modificado, no pueden seguir haciendo las mismas acciones, ya no pueden porque ya no tienen la papelería, ya no tienen la documentación para hacerlo, porque la papelería se las daba la dirección del estado del Registro Civil de las Personas y era el Estado, ellos no hacían su papelería por fuera, dentro de la norma no se puede extender actas ilegales, se hacía como costumbre”.

Ante eso, dijo: “Yo no puedo decir que se haga o que se hacía, eso es uno de los argumentos que se presentan, pero yo no puedo decir que sea cierto, eso es uno de los argumentos que se esgrimen para quitarles esa función, cambiar todo para dejarlo como estaba. ¿Qué te garantiza que va a llegar otra persona responsable del Registro Civil, que lo dejan ahí trabajado y no va a hacer lo mismo? Nada te lo garantiza, porque además ni los vigilan”.

Desde la perspectiva de la regidora del Partido Revolucionario Institucional, desde el punto de vista jurídico, con la reforma a la ley, le quitaron la atribución a las juntas auxiliares: “Aunque el reglamento sigue diciendo que los presidentes auxiliares son jueces por ministerio de ley, se la quitan, le quitan una función que el Estado les había dado. ¿Qué creo que debe pasar? Que el Estado se las regrese, originalmente era del Estado, históricamente le corresponde al Estado, el Estado le da esa facultad a las juntas auxiliares porque no puede ofrecer ese servicio en todo el Estado, y ahora se las quita pero no instala oficinas del Registro Civil, en donde estaban y eso es lo que generó el conflicto, el conflicto nace por eso, porque a lo mejor algunas juntas auxiliares no están tan lejanas, pero hay comunidades que sí están alejadas y se tienen que trasladar hasta la cabecera municipal”.

El problema, reiteró Gámez Rodríguez, es que les quitan el servicio pero transcurren cinco meses y no resuelve el problema y a través de un acuerdo de la Secretaría General de Gobierno se la dejan a las presidencias municipales de las cabeceras: “Yo digo por qué no mejor les regresan esa facultad, porque si el problema es que había corrupción, que el Estado fije una cuota como estaba en la capital”.

Por lo que reiteró, que no está el candado para evitar corrupción, no existe: “Porque cada municipio tiene su Ley de Ingreso, si el Estado les deja el servicio y les indica las cuotas, con eso se resuelve el problema”.

Es por eso que recordó la regidora del PRI que al inicio de toda esta crisis las juntas auxiliares decían “regrésanoslos aunque tú cobres, esa puede ser una solución, porque el problema es que el Estado tiene que poner un funcionario en las juntas auxiliares y algo tan simple se generó en un conflicto; no es un capricho, es su función, debe tener un funcionario del estado de Registro Civil, hay una dirección, que se supone coordina a todos los demás, entonces que ponga un funcionario ahí, eso debió haberse hecho en los cinco meses y no debimos haber llegado a esto, pero como pasan los cinco meses no se fija la postura y el procedimiento de cómo se va a hacer, entran los nuevos y ahí se genera el problema”.

Ante eso, recordó que el argumento de las autoridades estatales de Puebla es que se entregaban actas apócrifas: “Dicen que daban actas de nacimiento a gente que no debían darlas, pero no se puede seguir haciendo, la ley es bien clara, el Código Civil es muy claro, la norma existe, porque no se autorizaba eso, el reglamento del Registro Civil no te autoriza que hagas eso, cómo lo eliminas, eso tiene como fundamento la honestidad del funcionario, aunque en este país de ha dicho que la corrupción somos todos”.