Visitadores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) acudieron la tarde de este miércoles a la comunidad de San Bernardino Chalchihuapan, donde decenas de vecinos ratificaron sus quejas contra el gobierno de Puebla.

Entre las personas que ratificaron la queja se encuentra Elia Tamayo Montes, madre del menor José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, sepultado la tarde de este martes luego de que perdió la vida por una lesión en la cabeza.

Elia Tamayo agregó a su queja que sufrió presiones de trabajadores del gobierno del estado para incriminar a cuatro de sus vecinos detenidos por la muerte de su hijo de 13 años.

Además, señaló a los visitadores una nueva queja contra las autoridades poblanas al no ser advertida de la muerte de su hijo, ni tampoco el ser cuestionada para dar la autorización de desconectar a su hijo de los aparatos médicos que mantenían al niño con vida.

Asimismo, por el trato en la Procuraduría de Puebla para conocer lo que ocurría con su hijo además del retraso con que fue atendida para recuperar el cuerpo en el Servicio Médico Forense del Poder Judicial de Puebla.

Los pobladores expusieron nuevamente a la CNDH la situación que vivieron el pasado 9 de julio, cuando se enfrentaron a golpes contra elementos de la Policía Estatal, quienes, según sus declaraciones, los repelieron con balas de goma y gases lacrimógenos.

El enfrentamiento se debió a que los elementos policiacos los desalojaron de la autopista Puebla–Atlixco, donde se manifestaban por el retiro del Registro Civil de su junta auxiliar, perteneciente a Santa Clara Ocoyucan.

Derivado del enfrentamiento, resultó herido el niño José Luis, por una lesión de un proyectil en la cabeza, que las autoridades poblanas insisten en que fue un cohetón lanzado por los mismos manifestantes.

Luego de permanecer 10 días en terapia intensiva, perdió la vida el sábado pasado, siendo enterrado este martes en medio de ceremonias en homenaje al menor a quien en el poblado ya consideran un mártir.

Esta situación ha derivado en el peor escándalo contra el gobernador Rafael Moreno Valle Rosas, trascendiendo a niveles nacionales e internacionales, sobre todo porque se afirma se aplicó la llamada “ley Bala”, sin embargo, en todo momento han negado que hayan usado balas de goma.

Desde entonces, el mandatario estatal pidió a la Procuraduría General de la República (PGR) investigar el caso, así como a la CNDH, quienes atrajeron las indagatorias de la situación.

Mediante un comunicado de prensa, el organismo defensor de las garantías individuales, encabezado por Raúl Plascencia Villanueva, indicó que atraerá el caso sobre agravios en contra del menor.

Reiteró que desde el primer momento que se tuvo conocimiento del caso atrajo las investigaciones por su homóloga en la entidad, con motivo del bloqueo de personas, quienes pedían el servicio de Registro Civil, por lo que esta sería la segunda ocasión en que el organismo declara que se involucrará.

Incluso, los visitadores adjuntos de la CNDH desde el pasado fin de semana levantaron testimonios y quejas, así como una revisión de expedientes médicos, por lo que regresaron para que ratificaran lo señalado.

Además, estuvieron presentes en la necropsia del menor y han solicitado los informes a las autoridades señaladas presuntamente como responsables y se encuentran realizando las actuaciones necesarias para integrar el expediente de mérito.

Se informó que una vez integrado el expediente de queja y agotadas las investigaciones, la CNDH emitirá la determinación que conforme a derecho corresponda.

Los pobladores han demostrado, a través de diferentes videos, que se dispararon balas de goma en contra de los pobladores, pero el gobierno lo ha negado y trascendió que el primer diagnóstico médico del niño, quien falleció este sábado por un paro cardiorespiratorio irreversible, fue que dicha herida no fue por ningún cohetón.