La muerte de José Luis Tehuatlie Tamayo continúa en las altas esferas nacionales, luego de que en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión se le rindió un homenaje con un minuto de silencio, a la vez que 54 senadores del PRI acusaron que murió por la política criminal de Rafael Moreno Valle.
“Aunque el gobernador de la entidad ha manifestado que el deceso fue causado por un cohete utilizado por los propios manifestantes y no por un proyectil, como los testigos y la madre el menor afirman, la realidad es que el menor de tan sólo 13 años murió a causa de la política criminal implementada por el gobernador Rafael Moreno Valle Rosas”.
Asimismo, en la víspera, la dirigencia nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD) castigó a los asesinos del niño de 13 años de edad oriundo de San Bernardino Chalchihuapan, sepultado este martes.
El menor falleció tras estar 10 días en terapia intensiva a consecuencia de la herida producida por un proyectil durante una violenta manifestación el pasado 9 de julio en la autopista Atlixcáyotl.
Los manifestantes afirman que la lesión en la cabeza del niño fue producto de una bala de goma, mientras que el gobierno estatal sostiene que se debió a un cohetón lanzado por los inconformes cuando exigían el regreso del Registro Civil.
Reprueba PRI ley Bala
Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) finalmente se pronunciarán mediante un punto de acuerdo en el que reprueban la llamada “ley Bala”, pues es contraria a los derechos humanos.
La proposición del punto de acuerdo exhorta a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que realice las investigaciones correspondientes sobre la probable violación de las garantías individuales por parte del gobierno del estado de Puebla.
Señala que en durante la manifestaciones ocurridas el pasado 9 de julio de 2014 en el municipio de San Bernardino, Chalchihuapan, se pudieron violar los derechos humanos de los pobladores.
Señala que la “ley Bala”, lejos de coadyuvar con la protección de su población, establece estándares arbitrarios y contrarios a los derechos humanos.
“Desde su presentación hasta su aprobación, la ley impulsada por el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas, fue cuestionada y motivo de amparos que han sido otorgados, en virtud de que establece un catálogo de armas no letales autorizadas para ser utilizadas por los cuerpos policiacos”.
Enumera que estos artefactos son bastones policiales, agentes químico-irritantes aprobados para la función policial, dispositivos eléctricos de control, armas o pistolas noqueadoras o incapacitantes, y las demás autorizadas por su reglamento y disposiciones jurídicas aplicables.
“El artículo 9 de la controvertida ley señala cuatro niveles de uso de la fuerza, los cuales se aplicarán progresivamente y son los siguientes: 1. Persuasión o disuasión verbal; 2. Sometimiento mediante acciones físicas; 3. Utilización de armas incapacitantes no letales; y 4. Utilización de armas de fuego o de fuerza letal, sólo en el caso de legítima defensa”.
“En contraste a lo establecido por la legislación nacional, la Ley para Proteger los Derechos Humanos y que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza Pública por Parte de los Elementos de las Instituciones Policiales del Estado de Puebla, aprobada el 19 de mayo de 2014 en el Congreso de la entidad, lejos de coadyuvar con la protección de su población, establece estándares arbitrarios y contrarios a los derechos humanos”, señala el punto de acuerdo.
“La ley impulsada por el Gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas fue cuestionada y motivo de amparos, que han sido otorgados, en virtud de que establece un catálogo de armas no letales autorizadas para ser utilizadas por los cuerpos policiacos”.
Indican los senadores que a menos de dos meses de la aprobación de la llamada “ley Bala”, los resultados son devastadores y ha producido miedo, incertidumbre, lesiones e incluso un deceso, de los hechos acontecidos el 9 de julio de 2014 en Chalchihuapan.
“La manifestación que tenía como objeto solicitar al Gobierno poblano la restitución del Registro Civil en las juntas auxiliares, así como la liberación de 37 vecinos del municipio que fueron aprehendidos por oponerse a la construcción del Arco Poniente y el Gasoducto Morelos, dejan de manifiesto la intolerancia, represión e inobservancia de los derechos humanos por parte del Ejecutivo de aquella entidad.
”Durante el enfrentamiento que se prolongó por casi tres horas, alrededor de 100 personas sufrieron lesiones leves y tres más, incluido un menor de edad, lesiones graves.
”En el caso del menor, testigos de los hechos señalan que el impacto fue causado con una de las balas de goma con las que, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública sometieron a los manifestantes”.
Acusan los legisladores que, además del gran dolor que representa perder a un hijo, la familia del menor fallecido ha recibido malos tratos por parte de las autoridades del estado de Puebla.
Afirman la clara inobservancia de los principios de racionalidad, donde la fuerza será empleada atendiendo a los elementos lógico-objetivos con relación al evento.
“Por el contrario, hubo un exceso en las actuaciones, mismos que deben ser investigados a profundidad sin injerencia del Ejecutivo de la entidad y sin mayor dilación”, piden.
“(…) lejos de proteger y servir a todas las personas de la comunidad, los elementos policiacos de Puebla, han cometido actos irregulares y probablemente ilícitos, transgredido la integridad de la población y limitado la libertad.
”Peor aún, quedan de manifiesto conductas que se traducen en la denigración del ser humano, abuso de autoridad, lesiones innecesarias y desproporcionales.
”A simple vista y a reserva de que se lleven a cabo las investigaciones conducentes, queda de manifiesto el menoscabo de derechos como a la libertad de expresión y a la vida, ambos de primer nivel en la esfera jurídica de todo individuo”, continúa el texto.
En el punto de acuerdo, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhortó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones correspondientes.
Además, lanzaron un exhorto a la Procuraduría General de Justicia de Puebla, a que, en el marco de sus atribuciones, agilice las investigaciones correspondientes sobre la probable comisión de conductas antijurídicas por parte de elementos de la policía estatal, y solicitaron que envíe a los senadores un informe pormenorizado de los resultados de la investigación
Minuto de silencio
También, este miércoles el pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión guardó un minuto de silencio en memoria de José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, a petición de la diputada perredista Alliet Bautista Bravo.
La diputada fue una de las asistentes al sepelio del menor en Chalchihuapan, donde presenció la situación de malestar que existe en esta comunidad poblana.
Por lo tanto, demandó que sea la Procuraduría General de la República (PGR) quien esclarezca el caso al sentenciar que en Puebla se viven múltiples violaciones a los derechos humanos.
Desde su escaño que ocupa en la Comisión Permanente, señaló que se está viviendo de represión en el estado de Puebla: “A nombre propio y de quienes conformamos los grupos parlamentarios del PRD de esta Comisión Permanente, deseo expresar nuestra más enérgica condena por la muerte del niño José Luis Tehuatlie Tamayo.
”Es preciso manifestar que no obstante que mi grupo, por conducto de la diputada Roxana Luna Porquillo, en múltiples ocasiones ha manifestado estos hechos violentos y de represión en el estado”.
Indicó que Roxana Luna ha hecho varios puntos de acuerdo para proteger los derechos humanos que regulen el uso legítimo de la fuerza por parte de los elementos de las instituciones policías del estado de Puebla, la llamada “ley Bala”.
“Este día lamentamos, con impotencia, este fallecimiento del niño de 13 años, quien pasaba en compañía de su madre, la señora Elia Tamayo, y fue alcanzado por un proyectil disparado por elementos policiacos, encargados de disuadir y replegar la manifestación que tenía realización en esos momentos, a la altura del kilómetro 16 de la carretera de Atlixco-Puebla.
”Ante esto, presidente y asamblea, es urgente que esta Comisión Permanente haga un llamado urgente a la PGR para esclarecer las causas, y finalmente, presidente, le solicitaría que solidaria y humanamente esta Comisión Permanente guarde un minuto de silencio en la memoria del niño José Luis Tehuatlie Tamayo”.
El presidente en turno de la mesa directiva concedió el minuto de silencio, para el que los legisladores presentes se pusieron de pie.
Asimismo, el diputado de Movimiento Ciudadano Ricardo Monreal Ávila también señaló el caso del asesinato de José Luis Tehuatlie.
“Las calles están llenas de manifestantes inconformes, asesinatos impunes, como el de Puebla, que seguramente deberíamos estar tocando aquí, no protegiendo a nadie, al menos para darle cause a lo que está sucediendo en Puebla, no convertir a este congreso en un cómplice de la tiranía, en un cómplice de la impunidad”.
