A unos días de que la empresa Agua de México haya tomado el control del SOAPAP, la concesión del sistema de agua se enfrenta a un conjunto de desafío para no repetir los yerros cometidos en la experiencia de Aguascalientes.
Es el caso de la privatización del agua, Aguascalientes ha sido observado y analizado por distintos investigadores.
Si los ciudadanos no participan en el modelo concesionado de servicio de agua, las concesiones están destinadas a reproducir la desigualdad social y la inequidad en el acceso a los servicios, señala un estudio realizado por el investigador de Flacso, Fernando Saavedra Peláez.
Entre los logros de la privatización del agua en Aguascalientes se encuentra la reducción de las fugas de agua en los hogares, al mismo tiempo que aumentaron el número de medidores.
“Después de diez años los principales logros de la empresa han sido reducir las fugas domiciliarias, aumentar el número de medidores en los hogares con el fin de hacer más eficiente el sistema comercial, y una cobertura de agua dentro de la vivienda del 95%”.
Pero persisten un conjunto de problemas: “(…) las pérdidas, el tema del financiamiento para el crecimiento del sistema no se ha resuelto, al cual se agrega el problema de las tarifas, las instancias públicas continúan invirtiendo en tanto la empresa ha reducido su inversión, la sobreexplotación de los acuíferos se mantiene, y la sustentabilidad ambiental sigue comprometida, no sólo por la extracción de agua que se realiza, sino también por la falta de tratamiento de las aguas vertidas. Se puede decir que la eficiencia económica comercial ha aumentado, no así la eficiencia ambiental ni la equidad entre los consumidores”.
Estudios como el de Saavedra Peláez reconocen que ante la carencia de recursos para la inversión en los sistemas operadores de agua y en la infraestructura hídrica el Estado ha buscado la inversión privada, lo cual se va a firmar hasta el 2025.
“De acuerdo a lo anterior, y dados los rezagos existentes en materia de cobertura del servicio, para el año 2025 se requerirá un aumento significativo en la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento. Por ello, los recursos que actualmente se dedican a los sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento del país son considerablemente inferiores a los requeridos, sobre todo si se considera que en el año 2000 sólo se alcanzaron a cubrir 42% de las necesidades de inversión; en consecuencia se busca la participación privada”.
De acuerdo con el documento de Fernando Saavedra Peláez, investigador del Flacso: “El acceso a los servicios de agua potable en México: el caso de la ciudad de Aguascalientes”.
El investigador señala en su documento que a las empresas privadas a las que se concesiona el servicio del agua la inversión en infraestructura del sistema de agua les importa poco: “Es claro que a las empresas privadas de agua no les interesa invertir en la infraestructura, ya que su negocio no es ese. Por ello, la participación de los organismos públicos es necesaria, así como el control y evaluación permanente de todos los procesos relacionados con la producción, distribución, consumo y vertido del agua”.
Saavedra Peláez es profesor investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), sede México.
El investigador de Flacso ha publicado La ciudad y el medio ambiente: seis estudios de caso (Colmex, 1983), Fenómenos naturales, riesgos y desastres (Conapo, 2000), Población, medio ambiente y desarrollo sustentable (Semarnap, Conapo, Flacso, 2001) y Población y recursos naturales: el caso del agua (Conapo, 2003).
El análisis de Saavedra establece que pronunciarse sobre si el esquema privado o el público es mejor o no no es el propósito de su estudio, pero sí señala que lo importante en el paso de un esquema estatal a uno concesionado es establecer un claro diagnóstico socio-económico, porque de otra manera se impacta en la población.
“Esto indica que la responsabilidad en el control, seguimiento y evaluación debe ser mayor por parte de las instituciones públicas (…) La transición de la gestión pública a la delegación del servicio es compleja y amerita no solamente tener un buen diagnóstico técnico-financiero del problema del agua, sino conocimiento de la realidad socioeconómica y política de cada lugar, ya que no se trata de una dicotomía entre si es mejor o más eficiente lo público o lo privado, sino de la visión sociopolítica que respaldan ambas propuestas”.
En su investigación, Saavedra señala que la exclusión social en el acceso al del servicio agua requiere una participación social y una participación con transparencia en la toma de decisiones, ya sea de un servicio concesionado o de un servicio público:
“La falta de acceso de una proporción importante de la población a los servicios de agua es producto de la exclusión económica principalmente, ya que la marginación es en relación a las características del proceso productivo actual, la cual sienta las bases de una discriminación no sólo al acceso, sino también de la calidad del agua y del servicio”.
El geógrafo advierte que los ciudadanos deben participar en la organización y concepción de los sistemas de agua, sin importar si son públicos o privados: “(…) mientras no haya una representación y participación legítima, real y efectiva de la población en la concepción y organización de los sistemas de servicio y las instituciones públicas, lo cual significa una visión política diferente, difícilmente podrá eliminarse la exclusión y desigualdad social en el acceso al agua”.
No obstante, lo que ha privado en la concesión del servicio de agua en Puebla ha sido la opacidad, pues no existe un documento público que señale en qué términos se dio la concesión por 30 años del servicio de agua a la empresa.
“Una base para poder dar una respuesta al comunicado del gobierno del estado es que transparente dicha operación con la empresa, ¿cómo? haciendo público el contrato de concesión. Ese documento dará mucha luz sobre lo que realmente significa esa decisión gubernamental”.
Desde enero del año pasado se dio a conocer de manera extraoficial que la empresa Agua de México administraría al SOAPAP durante las próximas tres décadas, en una operación multimillonaria en el estado.
Agua de México SA de CV opera en la mitad del territorio del Distrito Federal o zona poniente, en cinco delegaciones: Tlalpan, Magdalena Contreras, Álvaro Obregón, Miguel Hidalgo y Cuajimalpa.
La empresa particular es concesionaria del Sistema de Agua de la Ciudad de México (Sacmex) y presta a los habitantes del DF los servicios de agua potable, drenaje y alcantarillado, así como el tratamiento y reutilización de aguas residuales.
Las cuatro empresas concesionarias que operan en la capital del país, entre ellas Agua de México, colaboran en la lectura de los medidores de agua potable, emisión y distribución de las boletas de los derechos correspondientes.
Asimismo, en la atención a los usuarios, cobranza de los derechos y su gestión asociada, actividades con los servicios comerciales, así como la operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica, que forman parte del servicio público.
Para el caso de Puebla la concesión del servicio de Agua está contemplada para 30 años, de acuerdo con el documento publicado en el Periódico Oficial del Estado el pasado 18 de septiembre.
El 22 de mayo el gobierno estatal reconoció la entrega de la concesión a Agua de México: “La inversión que haga el consorcio evitará que el Soapap registre los niveles de déficit que reportaron administraciones anteriores”.
En cuanto al consorcio ganador, la empresa Agua de México, que forma parte de éste, cuenta con experiencia en la cobranza, operación y saneamientos de aguas. Tan sólo en los últimos 20 años ha logrado mantener un contrato con el gobierno del Distrito Federal para la cobranza del servicio en el oriente de la capital.
La operación del SOAPAP estará en manos de la empresa privada. Su operación, distribución y cobro estará en calidad de concesión a cargo del consorcio del Grupo Agua de México.
