Propietarios de verificentros preparan sendos amparos en caso de que se les retiren las concesiones, luego de una “limpia” del gobierno estatal contra estos establecimientos, lo cual —afirman— “está muy turbio”. Entre los afectados se encuentra el director general de Adjudicaciones de Obra Pública de la Secretaría de Administración (SA) del gobierno estatal, Osvaldo Pérez Mendoza, quien presuntamente es propietario de por lo menos 19 Centros de Verificación, dos de ellos ahora clausurados.

Dueños de verificentros, quienes pidieron el anonimato, afirmaron que detrás del señalado funcionario público se encuentra el titular de la Secretaría de Infraestructura, José Cabalán Macari, quien fungió como titular en la SA. Pero también afirman —al igual que versiones periodísticas— que detrás de Cabalán Macari se encuentra su primo, el exdiputado federal Jorge Antonio Kahwagi Macari, interesado en entrar al negocio de los verificentros.

Ahora, en el portal de transparencia de la Secretaría de Desarrollo Rural y Sustentabilidad “desapareció” el listado de concesionarios de verificentros en Puebla, pero en una copia publicada en 2012 el funcionario aparece como representante legal en 19 establecimientos. No es la primera vez que se acusa a Jorge Kahwagi de enriquecerse por la instalación de verificentros, ya que también fue señalado como socio del expresidente municipal de Tijuana, Baja California, Jorge Ramos.
 
Las clausuras
Pero también las clausuras llegaron al interior del estado, luego de que en Teziutlán cerraron el primer establecimiento de los dos existentes, por presuntas irregularidades en su funcionamiento. Asimismo, el único establecimiento propiedad del funcionario, ubicado en la capital del estado, exactamente en diagonal Defensores de la República, también se encuentra clausurado.

El portal e-consulta documentó cómo el encargado del inmueble ubicado en el barrio de Francia, en Teziutlán, Miguel Ángel García Juárez, se mostró sorprendido por la acción tomada, ya que —dijo— cuenta con todos los papeles y funcionamiento en orden. Según el listado de la relación de centros de verificación vehicular 2011, este establecimiento es uno de los 19 que son propiedad de Osvaldo Pérez.

El encargado acusó un mal manejo en el procedimiento de clausura, por la Dirección Jurídica de Inspección y Vigilancia, argumentando que personal se presentó en este verificentro para realizar la inspección correspondiente, pero no se le hizo notificación alguna.

Dijo que llegaron el viernes 4 de abril con la orden de cierre, puesto que el proceso debe de tardar al menos 15 días, siempre y cuando existan irregularidades.

Afirmó que este verificentro clausurado ha venido trabajando durante años en Teziutlán y que no se había presentado ningún problema, pues siempre han contado con todos los permisos y han estado al tanto de los ordenamientos de funcionamiento.

Actualmente en el municipio sólo queda en funcionamiento el verificentro de la calle Cuauhtémoc, aunque se desconoce si continuará funcionando o no, después de las revisiones hechas en la región.

En tanto, la Asociación de Verificadores Automotrices de Puebla indicó que prepara la defensa jurídica para defender las concesiones en caso de que el gobierno del estado decida revocar esos permisos. El presidente de la agrupación, José Luis Góngora Calvario, indicó que defenderán los permisos a través de amparos.

Informó que entre las anomalías detectadas que ameritaron el cierre de los “verificentros” destacan fallas en los sistemas de videovigilancia y manipulación de los equipos tecnológicos que usan esos establecimientos. Por lo que consideró que el área jurídica y de inspección de la dependencia estatal no están pasando la información adecuada a sus autoridades o incluso al gobernador Rafael Moreno Valle.

Explicó que el sistema de video vigilancia no es manipulado por los concesionarios, sino únicamente por la dependencia, además de que ésta tampoco ha cumplido con la entrega de los gafetes ni con los videos ecológicos por los que fueron sancionados. “Incluso, durante la revisión, ellos mismos —los funcionarios— reconocieron que no sabían de cuáles videos hablaban y que además no los tenían en ese momento”, señaló.

Respecto a los presuntos actos de corrupción detectados, afirmó que están de acuerdo en que los centros que hayan incurrido en los mismos sean clausurados, pero pidió que esos casos se asienten en las actas de clausura.

Versiones periodísticas
Desde noviembre de 2012, el periodista Alejandro Mondragón informó que los concesionarios deberían revalidar o participar en una nueva licitación de los 85 centros que operan en la entidad. Y ahora coincidió con las versiones de dueños de verificentros de que desde entonces se pretendía impulsar un “duopolio familiar” en los centros de verificación, entre José Cabalán Macari Álvaro y su primo Jorge Antonio Kahwagi Macari. Puntualizó que a través de su entonces jefe de Adjudicaciones en la SA, dependencia de la que era titular Osvaldo Pérez, es como opera los verificentros.

Alejandro Mondragón, en ese entonces, publicó una copia de concesionarios de verificentros, donde aparece como representante legal en 19 de 85 el mismísimo Osvaldo Pérez. “Los centros en los que figura como representante legal están con las claves: F041, FI001, FI002, FI003, FI004, FI006, FI007, FI008, FI009, FI015, FI0126, FI017, FI020, FI021, F1024, FI029, FI030, FI031 y FI033”. Ahora, por lo menos, dos están cerrados.

Megalópolis
Esta misma semana el gobernador Rafael Moreno Valle informó que suman 43 los centros de verificación vehicular que en las últimas semanas han sido revisados por presuntos actos de corrupción, denunciados por los propios usuarios.

Esto lo señaló de presidir la segunda reunión ordinaria de la Comisión de la Megalópolis, proyecto en el que se busca homologar los Centros de Verificación Vehicular, que también contempla la aplicación gradual de una misma tarifa para los estados de la zona centro.

“En Puebla se está llevando a cabo una verificación integral de todos los centros, hemos estado atendiendo las quejas y denuncias de presuntos actos de corrupción, hemos iniciado un proceso de revisión de las mejores prácticas y cuáles son las tecnologías avanzadas para hacer una adecuación integral del programa”, afirmó el gobernador de Puebla.

Moreno Valle añadió que se han aplicado 43 procedimientos administrativos de clausura para combatir fallas en los sistemas de video vigilancia, alteración de pruebas y sistemas informáticos de verificación, manipulación de equipos y sustitución de vehículos, así como cobros indebidos.

“Nos sumamos con todo entusiasmo cuando se planteó la creación de esta comisión. Y, la relación entre los gobernadores de la zona centro y el jefe de Gobierno del Distrito Federal es extraordinaria, tenemos ventajas como la pluralidad, podemos provenir de distintos institutos políticos pero tenemos causas en común como el progreso, el desarrollo y el medio ambiente”, manifestó el gobernador Moreno Valle.

Fue el 23 de agosto de 2013 cuando el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, anunció la creación de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, la cual se constituyó mediante un convenio de coordinación para llevar a cabo la planeación y ejecución de acciones en materia de protección al ambiente, de preservación y restauración del equilibrio ecológico en la zona.

Otros bisnes
El periódico Milenio de Baja California informó que el diputado local por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Roberto Dávalos Flores, señaló que distintas figuras se enriquecen con los verificentros en Baja California, entre ellos el exlegislador Jorge Kahwagi y el exalcalde panista de Tijuana, Jorge Ramos.

En entrevista por Milenio Radio, el diputado insistió en que la justificación ecológica que le quieren dar a la verificación vehicular en la ciudad fronteriza “no existe”.

Refirió que el problema de la contaminación en Baja California no es por dióxido de carbono, producto de los automóviles —lo que corresponde a 0.5 por ciento de la contaminación ambiental, aseguró— sino es resultado de las partículas de polvo en el medio ambiente, fábricas y otro tipo de agentes contaminantes.

Sostuvo que con el programa “están queriendo hacer el favor a empresarios particulares”, quienes obtendrán cuantiosas ganancias por la verificación que, afirmó, se hace con maquinas “chatarra” y mal calibradas; además, vaticinó que pronto habría en el estado “tantos verificentros como Oxxos”. Además, desde 2008 el diario Esto de Tijuana alertó que Jorge Kawagi resultaría ganadora de la licitación del Verificentro municipal, según la Asociación Ambiental Automotriz (AAA).

Esta asociación, que presidia en ese entonces Jorge Solórzano, consideró como desventaja el que Jorge Kawagi tenga recursos para montar un verificentro de gran magnitud. “Los pequeños talleres sólo esperan ser tomados en cuenta para ser sitios externos al verificentro y poder ofrecer el servicio a las unidades que sobrepasen los niveles de contaminantes”, comentó.

Pero en enero de 2012, ante la “ola” de quejas e inconformidades, el gobernador de Baja California, José Guadalupe Osuna Millán, afirmó no saber de dónde sacaron la información de que los verificentros de esa entidad eran operados por una empresa de Jorge Kahwagi. Indicó que es el titular de la Secretaría del Medio Ambiente el que tiene que contestar esa pregunta, sin embargo invitó a que verifique quienes son los integrantes de la empresa operadora, para que vean que no es cierto.

“Yo no sé de donde sale que Kahwagi, de dónde está usted sacando eso, que sea quien otorgó la concesión, la secretaría correspondiente, quien le responda y está en el internet, ahí investigue, está en el registro público de la propiedad, y ahí están todos los socios”, señaló el gobernador del estado, según publicó Uni Radio Informa.com.