Con la presentación de dos contratos de arrendamiento y un acuerdo de traslado de documentación, el auditor general del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, Víctor Manuel Hernández Quintana, refutó la teoría de la PGJ y de los diputados morenovallistas que acusan a funcionarios de esa dependencia de robo de documentos y la existencia de bodegas clandestinas.

En una carta a la opinión pública, enviada a la redacción de Intolerancia Diario, Hernández Quintana señaló que en ningún momento se ha cometido delito alguno, y menos el de robo de documentos.

En consecuencia, el auditor general exigió al Congreso local liberar en forma inmediata las instalaciones de OFS, y permitir el desempeño normal de sus funciones a todos y cada uno de los servidores públicos de ese organismo.

También demandó a la autoridad judicial aplicar debidamente la ley, así como liberar de manera inmediata y exonerar de toda responsabilidad a los servidores públicos del OFS que se encuentran privados de su libertad.

Las pruebas
Estos son los dos contratos de arrendamiento de las bodegas: uno celebrado en septiembre de 2009 y el segundo a partir del mes de octubre de este año. También se publica el acuerdo interno para el traslado de documentos.