El Ministerio Público fijó una fianza de 276 mil pesos por los cuatro defraudados detenidos la tarde del martes cuando realizaban una manifestación en el bulevar 5 de Mayo y la 14 Oriente, a unas calles de la sede del gobierno estatal, Casa Aguayo.

La cifra fue dividida entre los detenidos, por lo que cada uno deberá pagar 69 mil pesos como caución para seguir el proceso en libertad, tras la acusación de ataques a las vías de comunicación.

Mientras tanto, el gobierno del estado reiteró que no habrá dinero para los defraudados por inmobiliarias, ni si quiera para ahorradores, a pesar de que supuestamente había una partida de 20 millones de pesos para el Fideicomiso Pago. Sin embargo, se afirma que para el presupuesto del 2011 sí existirla una partida de 22 millones de pesos.

En entrevista para Intolerancia Diario, Jesús Ramos Tepoz, vicepresidente de la Unión de Defraudados, señaló que sus compañeros siguen detenidos en las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia (PGJ).

Asimismo, indicó que están buscando las maneras legales para sacarlos de prisión, además de que esperan un ofrecimiento de la Secretaría General de Gobierno para que disminuyan la cifra de la fianza.

“De alguna manera ya entramos en su juego, pero no podemos hacer mucho; lo más importante es que salgan las personas”, dijo al señalar que posteriormente se reunirán para ver qué hacer.

“Son inocentes, es un acto claro de represión.”
—¿Les da miedo seguir con las protestas?
—Claro, ante tanta represión surge el miedo, pero ya está en nosotros poderlo vencer.

Los detenidos son Alfredo Sánchez Fuentes, Antonio Bolaños Matamoros, Alfredo Hernández Juárez y Justino Ríos Aguilar, quienes fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público.

La entrevista

Hace unas semanas, Intolerancia Diario entrevistó a uno de los ahora detenidos, Alfredo Sánchez Fuentes, quien funge como presidente del la Unión de Defraudados, quien acusó de “cerrazón” al gobierno morenovallista.

Inclusive mencionó que han girado 18 oficios a la Secretaría de Gobierno, solicitando un acercamiento, pero no hay respuesta.

“No sólo queremos que nos den el dinero así porque sí, sino que llevamos propuestas para recuperar nuestros ahorros; lo único que queremos es que nos digan si son o no viables”, dijo s al acusar al gobernador de no atenderlos.

—¿No hay temor a represalias? —se le preguntó.
—Hasta el momento no hemos tenido represalias, pero a partir de las manifestaciones ya veremos el actuar de las nuevas autoridades.
”Pedimos a los ciudadanos de antemano una disculpa por lo que generarán la manifestaciones, pero deben entender que estamos desesperados por recuperar nuestro dinero. Hay mucha gente que ha muerto en la espera, que se ha enfermado. La autoridad no nos deja otra opción.”

Atlixco

Martha Alatriste León, representante de defraudados en Atlixco, recordó que en campaña, el ahora gobernador Rafael Moreno Valle, hizo un compromiso con todas las comunidades.

“Hasta yo me subí al templete donde nos ofreció justicia. No queremos que sea ‘un mago’, no queremos que nos pague con dinero del erario, tenemos otras alternativas, pero (necesitamos) que se nos una hombro con hombro para luchar el fraude”, dijo.

Afirmó que en Atlixco hay muchos campesinos de la tercera edad, quienes juntaron su dinero durante muchos años de trabajo.

“Tengo actas de defunción, de casos de personas enfermas de diabetes, hipertensión, hipertiroidismo, lo que se complicó por el estrés de haberse quedado en la calle. De la noche a la mañana no se pudo desaparecer tanto dinero."

”Que aparezcan los prestanombres que surgieron para ayudar a Sitma. No queremos que se nos regale nada, sólo que nos regresen el dinero, que debe estar en algún lado.”

Lo oficial

La Oficina de Prensa de la Procuraduría General de Justicia, informó que los detenidos serán consignados ante un juez de lo Penal en las próximas horas, aunque afirma “no se les ha fijado fianza alguna”.

Indicó la dependencia que los detenidos están acusados por los delitos de ataques a las vías de comunicación, en su modalidad de obstrucción, detenidos en la agencia del Ministerio Público zona sur.

La noche de este martes, la Secretaría General de Gobierno afirmó que se encontraba en absoluta disposición de recibir a un grupo de representantes de los afectados, a pesar de que no se había agendado la realización de un encuentro. Incluso aclaró que en la más reciente reunión sostenida en Casa Aguayo del 26 de septiembre, pactaron que se reunirían hasta el lunes 10 de octubre.

“(…) algunos de los representantes de los afectados optaron por quebrantar el Estado de Derecho, por lo que fue necesaria la intervención de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal”, justifica la dependencia en el texto a la prensa.

“(…) la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, reporta que ante las afectaciones que causaron a la ciudadanía los bloqueos realizados por los manifestantes, se montó un operativo en la zona del bulevar 5 de Mayo y la 14 Oriente, con el fin de reabrir la circulación y liberar la vía.

”La Secretaría General de Gobierno confirma su absoluto respeto a la libertad de expresión, siempre y cuando ésta se ejerza en el marco del Estado de Derecho”, subraya.

Asimismo, aclara en el documento que existe un grupo de personas afectadas por Sociedades Mercantiles y otro afectado por Sociedades Cooperativas de Ahorro.

“Ambos son completamente distintos en su naturaleza jurídica y por lo tanto diferentes en el tipo de apoyo que se les puede brindar.

”Los afectados en su patrimonio por Sociedades Mercantiles son personas que participaron en empresas inmobiliarias de inversión, como Invergroup, Burcap, Comsbra, Sitma e Inverbien, entre otras.

”Este sector de la población invirtió dinero en negocios que no fueron económicamente exitosos y que les hicieron perder su dinero. Es decir, no se trata de ahorradores.

”En este caso no existe ley o programa alguno que prevea la posibilidad de apoyar económicamente a los afectados, por lo que hacerlo implicaría quebrantar el marco legal.”

Ahorradores

Pero tampoco los ahorradores —como los califica el gobierno— han podido ver un peso de su dinero defraudado por distintas cajas de ahorro, la mayor de ellas, Bienestar Social La Paz.

Rafael Ramírez Hernández, vocero de los afectados, dijo que resulta extraño que nuevamente el gobierno estatal esté solicitando otros 20 millones de pesos para la misma causa, cuando en el Presupuesto de Egresos que se aprobó en 2011 ya se había aprobado dicha partida.

“(…) ¿qué ocurrió con los 20 millones que habían quedado etiquetados en el Congreso pasado?, si ustedes recuerdan el compromiso del gobierno y lo dieron a conocer públicamente, de que se habían etiquetado 20 millones, con esa promesa nos fuimos el año pasado.”

Desde hace 20 meses les fue autorizada la recuperación de su dinero mediante Fipago, pero aún las autoridades no gestionan los recursos.

Justamente el 12 de febrero del 2010 —según un documento oficial en poder de Intolerancia Diario—, el comisionado de Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamos y Ahoyo a sus Ahorradores (Fipago), Guillermo Barnes, informó al entonces gobernador Mario Marín Torres, que tras un estudio las víctimas de la mencionada caja de ahorro, eran susceptibles a recibir el apoyo federal al reunir los requisitos.

Pero luego de 20 meses, cientos de personas siguen a la espera de que el gobierno del estado concluya el proceso, para recuperar parte de su dinero invertido en la señalada empresa.

Las víctimas del fraude aseguraron que el funcionario estatal “miente” o “ignora” el proceso que se está siguiendo sobre el caso, pues la auditoría ya concluyó y su negativa a reconocer este procedimiento impide que se hagan los trámites necesarios para recuperar sus ahorros.

“El 22 de diciembre de 2010 se nos informó que había un recurso que sería asignado por parte del Congreso de 20 millones de pesos, por lo que se instruyó a Juan Pablo Piña para agilizarlo e incluso nos planteó que sería una de las acciones en sus primeros cien días y no fue así”, puntualizó Rafael Ramírez.

Procesos que —a decir de los agraviados— ya han concluido y ahora únicamente se está a la espera de que se inscriba el acta dentro del programa Fipago, para que los más de mil 300 defraudados empiecen a recibir lo que habían invertido.

El comunicado

Por la noche, la Secretaría General de Gobierno afirmó que era falso que exista una partida en el Presupuesto 2011 para resarcir a defraudados de Bienestar Social La Paz.

“De acuerdo con la información disponible, la anterior administración estatal sólo autorizó recursos para cubrir indemnizaciones a defraudados por Financiera Coofia y estos fueron utilizados únicamente en el ejercicio fiscal 2010”, dice el texto.

“(…) el gobernador Rafael Moreno Valle ha girado instrucciones precisas a la Secretaría de Finanzas para que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2012, que se presentará al Honorable Congreso del Estado, sí se incluya una estimación de 22 millones de pesos, con el fin de cubrir el próximo año las indemnizaciones a los ahorradores defraudados, una vez que se cumplan los procedimientos legales y administrativos aplicables para estos casos”.