Denuncia el gobierno del estado a dos periodistas

Las demandas contra periodistas de Puebla por parte del gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas levantaron una lluvia de críticas a nivel nacional, tanto de comunicadores como de especialistas en derecho, incluso de expertos en transparencia.

A través de las redes sociales, en particular Twitter, se generó el hastag #demandamerafagobernador, donde cibernautas hicieron mofa de la acción del gobierno poblano.

Este martes el vocero del gobierno del estado, Sergio Ramírez Robles, presentó dos denuncias contra los periodistas Adrián Ruiz, de El Heraldo de Puebla y Fabián Gómez, del portal electrónico Contraparte. Sin embargo, la lista puede ascender a 19 comunicadores demandados, según versiones periodísticas, entre ellos el director general de Intolerancia Diario, Enrique Núñez; Ricardo Morales, director de información y este reportero. Además, la acción del vocero generó notas a nivel nacional e internacional de medios internacionales como CNN o Yahoo, que dieron seguimiento al caso de Puebla, para muchos calificado como inédito en México.

La organizaciones de transparencias como Fundar, Amedi (Asociación Mexicana del Derecho a la Información) y especialistas en derecho, criticaron la medida del gobierno morenovallista.

Miguel Pulido Jiménez, director ejecutivo de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, señaló en entrevista que para Fundar lo lamentable es que algunos gobiernos han usado las figuras de difamación y calumnia como inhibitorias de la libertad de expresión. Dijo que en sociedades transparentes los servidores públicos son capaces de aceptar las inconsistencias, los errores e incluso se abstienen de cuestionar supuestos abusos que puede cometer la prensa. “Las demandas a periodistas, sea por la vía penal o civil con sanciones muy altas o con indemnizaciones sumamente costosas, no conviven con estándares internacionales de derechos humanos”.

Por su parte, Lilia Vélez Iglesias, mediante su cuenta de Twitter @lvelez1, señaló que este tipo de denuncias no deben presentarse por parte del gobierno del estado, sino a titulo personal. “Las demandas por presuntas violaciones a derechos personalísimos sólo pueden ser presentadas por quien sostiene que le fueron violados”, dijo en uno de sus mensajes de 140 caracteres.

Asimismo, Ernesto Villanueva, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), señaló en la red social que las demandas contra 18 periodistas es una excelente oportunidad para dejar sin efecto conspicuo la ley morenovallista. Indicó la medida como un absurdo. “Quien quiera demandar lo debe hacer a título personal. Hay que aprovechar para impugnar constitucionalidad de decreto”, insistió en su cuenta @evilanuevamx.

Su colega Issa Luna Pla, también académica del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, señaló que con la estrategia de demandar por supuesto daño moral, el gobierno de Puebla busca “aterrar y silenciar” a la prensa. En entrevista durante la Semana de la Transparencia en Puebla, comparó esta estrategia con lo que hace el gobierno de Hugo Chávez en Venezuela, donde hizo lo mismo. 

Recordó que todas las instancias internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana, la Relatoría de las Naciones Unidas (ONU) para la Libertad de Expresión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, han condenado estas acciones por parte de los gobiernos.

También medios nacionales e internacionales llevaron el tema, como la revista Proceso, Animal Político, El Siglo de Torreón, Vanguardia, CNN México, Iberoamérica.net, Sin Embargo, incluso Yahoo Noticias.

También la periodista Lydia Cacho, quien fuera víctima de la anterior administración gubernamental de Puebla, en su cuenta de Twitter criticó al mandatario estatal. “Oiga @RafaGobernador Por qué hizo la ley a modo para controlar a periodistas? A qué le teme? A la verdad?”, señaló la periodista y escritora.

Jorge Israel, periodista y maestrante en derechos humanos, mediante su cuenta de la red social @jorgeisraelh, publicó una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), contra el gobierno de Costa Rica por un caso similar

La CIDH presentó la demanda con base en el artículo 51 de la Convención Americana, con el fin de que la Corte decidiera si el Estado violó el artículo 13 de Libertad de Pensamiento y de Expresión, en perjuicio de los reporteros Mauricio Herrera Ulloa y Fernán Vargas Rohrmoser.

El Estado emitió una sentencia penal condenatoria por cuatro delitos de publicación de ofensas en la modalidad de difamación, con todos los efectos derivados de la misma, entre ellos la sanción civil.

En relación a la demanda interpuesta por el gobierno que preside Rafael Moreno Valle contra periodistas, Artículo 19 destacó que cualquier persona que sienta vulnerados sus derechos tiene la posibilidad de querellarse, aunque debe vigilarse que este tipo de acciones no constituyan una intimidación contra quien ejerce la libertad de expresión.

“Aquí lo preocupante es que esto se asuma como una práctica de gobierno, porque siempre existe el riesgo de que se intimide a periodistas por la vía legal”, refirió Juan Carlos Romero, de Artículo 19. “Siempre llama la atención que una autoridad proceda por la vía penal o civil contra un periodista, porque por ahí se podría estar intentando atajar la crítica mediante acciones legales. No es la primera vez que esto sucede en el país”. (Con información de www.animalpolitico.com)

“El director general de Comunicación Social del Poder Ejecutivo del Estado de Puebla, Sergio Ramírez Robles demandó CIVILMENTE ante el Poder Judicial estatal, a Fabián Gómez Hernández y Adrián Ruiz, por daño moral al abusar de la libertad de expresión en perjuicio del honor del gobierno a través de la humillación de funcionarios públicos. En las demandas se asienta que los implicados violaron sistemáticamente los artículos 1958 del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Puebla, Sexto y Séptimo de la Constitución General de la República.

”Sergio Ramírez Robles plantea en la demanda que Gómez y Ruiz sobrepasaron los límites del libre ejercicio del periodismo y la libertad de expresión, al no tener la intención de hacer del conocimiento un hecho de interés general, ni servir a las personas para tomar decisiones que enriquezcan la convivencia o participación democrática, y fuera de contexto, insultar sistemáticamente a funcionarios del Gobierno de Puebla. 

”Es importante señalar que Gómez y Ruiz recibieron decenas de cartas aclaratorias por motivo de sus repetidas injurias y mentiras. 

Por tal motivo y en estricto apego a derecho, se actuó contra los implicados, por denostar la actividad pública de los funcionarios. Ya que con su actitud, los demandados alteraron la correlación entre la persona como servidor y su actuación pública. 

”Como consecuencia se solicitó ante la autoridad judicial correspondiente: 

• La declaración judicial de que el demandado es responsable del daño moral causado por hecho ilícito, cometido en agravio de diversos funcionarios del Gobierno del Estado de Puebla.

”• Por vía de reparación del daño moral, la publicación de un extracto de la sentencia que se dicte en el presente juicio, en la cual se declare la existencia de la responsabilidad civil. 

”No obstante que la ley contempla la posibilidad de exigir una indemnización económica, en estos dos casos NO SE SOLICITÓ AL JUZGADOR se les condene a la misma.”