El sábado 24 de enero, se realizó la sesión ordinaria del Consejo Estatal del Partido Acción Nacional en el salón Picasso del Hotel Holiday Inn Parque Finsa, en la lateral de la autopista Puebla-México.
Todo estaba listo para la fiesta del líder estatal, Rafael Micalco, para que realizara su informe de actividades de todo el 2014.
Asimismo, se presentaría el informe de la comisión de vigilancia sobre la cuenta general de administración del Comité Directivo Estatal, correspondiente a enero-junio de 2014.
Pero en el punto asuntos generales se fraguaba una sorpresa:
Solicitar o exhortar al gobierno de Puebla por la liberación del presidente de la junta auxiliar de La Resurrección, Sabino Leonardo Báez Serrano, debido a su extracción panista.
Sin embargo, el musculo de Micalco se vio muy débil y a la mera hora fue vencido.
Simplemente nadie asistió a su fiesta. Sólo llegaron 20 de los 150 consejeros, por lo que se declaró falta de quórum y la ceremonia ya no se realizó oficialmente.
Esta afrenta ha sido tomada en cuenta en Casa Puebla y se esperan movimientos pronto al interior panista, zona que está más álgida que nunca.
 
La molestia
La semana pasada algunos damnificados del zafarrancho de Chalchihuapan asistieron a las instalaciones de la Procuraduría a ver de qué se trataba la indemnización que tanto se habla.
Esta visita —independientemente de que no fueron recibidos ni informados— molestó a los pobladores de esta junta auxiliar, sobre todo a los que lideran el movimiento.
Se habla que hubo mucha gente foránea quien convenció a los cuatro afectados de asistir con las autoridades poblanas, ya que habría bien dinero.
Incluso, se habla de que les dijeron que tendrían que pagar el 30 por ciento de lo que se ofrece por los gastos que se ha generado.
Y tanto se habla, que todas las miradas en Chalchihuapan de esta supuesta traición voltearon con Alejandro del Castillo, alias el “Lechuzo”, acusado anteriormente de infiltrado, y ahora poco a poco está perdiendo la confianza de llevar el caso.
Y es que los chalchihuapenses vieron con cierta envidia cómo fue liberado el activista Juan Carlos Flores, gracias a una negociación que ha encabezado la diputada federal Roxana Luna con las autoridades poblanas.
Hay que recordar que es la segunda vez que los sienta en la mesa de negociaciones, la primera de ellas incluso logró el acercamiento directo al gobernador Rafael Moreno Valle en la ciudad de México, tras un plantón.
Ahora las cosas no son muy distintas y las negociaciones continúan, mientras los de Chalchihuapan que rompieron con Roxana, sólo se quedan mirando, esperando que el Lechuzo gane aunque sea un amparo.
Y es que ha perdido todos.
¿Casualidad?
 
El garrote
Luego dicen que la delegación de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en Puebla, encabezada por Carlos Hernández Hernández, no ha sido utilizada políticamente.
Pero para muestra hay un botón.
Hay que recordar que esta dependencia federal clausuró por una supuesta denuncia un verificentro recién abierto en el mes de noviembre.
También, puso sellos en las oficinas de Concesiones Integrales, en los primeros días que inició la operación del agua en Puebla.
En este caso también señaló que una denuncia ciudadana se atendió inmediatamente.
Para probar que hacían caso de las denuncias ciudadanas y no eran cuestiones políticas, el 20 de enero denunciamos bajo el oficio 0008624-2015, como Wallmart de la 31 Poniente y 11 Sur, inició el cobro de su estacionamiento.
Y es que la empresa sólo colocó a trabajadoras en las entradas con un mecate y dando boletos sin sello ni horarios, ya que la infraestructura de acceso aun no la colocan.
Pues hasta la fecha, ocho días después de esa denuncia no ha hecho eco y el supermercado sigue cobrando sin ningún problema tres pesos como mínimo a todo el que entra, sólo con su mecatito.
Entonces surge la duda ¿por qué otras denuncias si se atienden inmediatamente y otras no?
La política es la respuesta.