Hoy se cumplen los 30 días hábiles que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) dio de plazo para que el gobierno morenovallista diera cabal cumplimiento a las 11 recomendación por las graves violaciones a los derechos humanos en el caso Chalchihuapan.
Para el morenovallismo las recomendaciones ya fueron cumplidas, incluso los funcionarios del gobierno estatal rehúyen hablar más del caso.
Sin embargo, para los pobladores de San Bernardino, como la madre del niño asesinado por un disparo de la policía, el gobierno estatal no ha cumplido con las recomendaciones y acusan al morenovallismo de burlarse de ellos y de la CNDH.
La víspera, el gobernador Rafael Moreno Valle aseguró que su administración ya atendió las recomendaciones hechas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Con distintos matices, el gobernador de Puebla eludió, una y otra vez, desde el 9 de julio, su responsabilidad tanto política como jurídica sobre la represión ejercida en contra de pobladores de San Bernardino Chalchihuapan, y en especial sobre la muerte del niño José Luis Tehuatle Tamayo, quien sufrió heridas de muerte en dicho operativo.
Moreno Valle comenzó una campaña para desacreditar a los pobladores de la junta auxiliar, a quienes acusó en un principio de ocupar a niños como “escudos humanos” en la protesta del 9 de julio. Pero también la administración estatal ha rechazado cualquier responsabilidad en la violencia desatada en el operativo policiaco en contra de pobladores de San Bernardino Chalchihuapan.
El 10 julio, un día después del violento desaojo, Moreno Valle justificó la actuación de la policía y acusó a los manifestantes de ser los responsables de que menores hayan resultado heridos durante el operativo.
“La ley que se aprobó en Puebla se aplica, y se aplica con protocolos, y estos protocolos buscan siempre salvaguardar los derechos humanos, pero también entender que los derechos de una persona terminan cuando infringe los derechos de otra”.
Diez días después —20 julio—, cuando el escándalo mediático estaba en ascenso, Moreno Valle invitó a un grupo de periodistas para exponer su tesis sobre el enfrentamiento en Chalchihuapan y criminalizó a los habitantes: “Lo lamentable es que personas que están infringiendo la ley lleven a menores como escudos a una acción ilegal. Me parece que es algo muy delicado, es responsabilidad de quienes actúan de esa forma”.
Después de esa crítica postura, Moreno Valle no volvió a tocar el tema hasta el 3 agosto, cuando designó a Juan Pablo Piña Kurcyzn —exivisitador de la CNDH — como jefe de su oficina. La unción se dio en plena indagatoria de la comisión sobre graves violaciones a los derechos humanos en Chalchihuapan.
El 23 septiembre, Moreno Valle rompió el silencio sobre el informe hecho por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre el desalojo que ordenó en la junta auxiliar de San Bernardino Chalchihuapan; sin embargo, el mandatario se deslindó del violento operativo. "En las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos a mí no se me menciona, no es un asunto donde se haya hecho recomendación alguna al Ejecutivo", comentó al finalizar la premiación del Concurso de Oratoria y Debate, organizado por el diario El Universal.
Y finalmente, este 22 de octubre, en gira por Tehuacán, Moreno Valle aseguró que su gobierno atendió ya con los 11 puntos de la recomendación de la CNDH. “Ya se cumplieron (...) ya se cumplieron”, dijo brevemente.
De esta forma, el morenovallismo dio carpetazo al caso Chalchihuapan. Durante toda la crisis, el comportamiento fue el mismo: negar responsabilidad de los hechos y criminalizar a la contraparte.
El resultado desgate en la imagen del gobernador y el costo político de esta actuación se verá en las elecciones del 2015.
En tanto, el movimiento social de Chalchihuapan mantiene su lucha para liberar a los presos políticos y llevar el caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Veremos en qué termina todo este escándalo de excesiva violencia policiaca.
