No es nuevo que en la administración de Rafael Moreno Valle se quebranten todos los días los equilibrios, que impide un clima de entendimiento y convivencia armónica. 
Pero cada ocasión que un nuevo gesto de prepotencia ocurre es pertinente señalarlo para entender el clima de crispación social al que asistimos todos los días en la Puebla de la alternancia.
Doblegados los grupos mediáticos de mayor influencia y penetración, sometidos las cúpulas empresariales, o intimidados otros grupos representativos o activistas, es indispensable que el periodo de avasallamiento de todo y de todos ha pasado por alto las más mínimas reglas de convivencia.
Signo de los tiempos que corren en el escenario local, el ninguneo del titular del Ejecutivo a otros poderes sucede todos los días aunque, según el espíritu de nuestro sistema republicano, tendrían que asumir que el Legislativo y Judicial forman parte de un Estado en el que ninguno de los tres tienen preeminencia sobre el otro.
Es así que los 41 diputados integrantes del Congreso del estado debieron acusar recibo del más reciente anuncio del Ejecutivo: la ceremonia en la que el mandatario debe rendir cuentas a la soberanía se traslada del viejo edificio de la 5 Poniente a la zona de San Andrés Cholula.
“Buen día. Les comparto que @AuditorioSXXI será sede de mi 4º. Informe de Gobierno”, escribió en su cuenta de Twitter el 20 de octubre, acompañado por una galería fotográfica con él como actor protagónico en medio de las obras de remodelación del recinto que edificó su tutor político, Melquiades Morales Flores.
En el cenit del poder público, el gobernador Moreno Valle cometió un desliz de principiante al haber anticipado un anuncio público que involucra a su interlocutor, como los establece la Constitución Política de Puebla. 
Pudo haber sido un arrebato de euforia ante la magnificencia de la obra que, por cierto, nadie pidió. 
Esa circunstancia cobra una relevancia particular aun cuando ha sido diputado federal, local y luego senador. En teoría debió abrevar de las viejas y vigentes reglas y protocolos de convivencia que debe existir entre ambos poderes, que todo depositario del Poder Ejecutivo debe observar.
Y también sorprende el silencio sospechoso de la aún más sospechosa unanimidad legislativa. No se ha escuchado una sola voz de los más combativos diputados para expresar extrañamiento alguno ante este nuevo episodio de sometimiento del Ejecutivo sobre el Legislativo.
La obviedad diría que desde el comienzo de esta administración, el 15 de enero de 2011, la Cámara de Diputados pasó a ser un apéndice gubernamental que sólo atiende las prioridades de un gobernador empecinado en cambiar el estatus social y político de los poblanos.
Las voces de los priistas Víctor Giorgana Jiménez, Pablo Fernández del Campo, José Chedradui Budib o Silvia Tanús no se han escuchado. De Leobardo Soto ni mencionarlo, merced de la adicción que tiene a los acuerdos inconfesables con el grupo que hoy gobierna Puebla.
Tampoco se ha escuchado la de los perredistas María del Socorro Quezada o Julián Rendón, dos de los cuatro integrantes de ese grupo legislativo que han mostrado independencia de criterio; del PT, Mariano Hernández Reyes, tampoco se puede decir mucho, salvo que también ha callado.
La 59 Legislatura, como la que antecedió en el Congreso de Puebla, pasará a la historia como una de las más entreguistas en la historia política del estado. No hay que tener una pieza de artilugio para preverlo porque la alternancia ha sido suficientemente ostensible en evidenciar una vieja y rancia consigna: el poder no se comparte.