El “caballo de Troya” en la Secretaría de Seguridad Pública estatal se llama Israel Ramírez Moreno, personaje ligado a la Policía Federal de Genaro García Luna, como sucede con el resto del personal de rango incorporado por Facundo Rosas Rosas, el funcionario puesto en la mira de los medios, de los promotores de la defensa de los derechos humanos y convertido en comidilla de la clase política después del escandaloso caso de Chalchihuapan.
Aunque pareciera personaje menor, desde la Dirección de Adquisiciones, Ramírez Moreno ha ocupado tiempo y recursos para consentir a dos proveedores que han surtido topo tipo de material, insumos y servicios para la dependencia estatal comandada aún por Rosas Rosas. 
Se trata de la empresa Stylo Creativo, del Distrito Federal, y a una persona física de nombre Edgar González Taysier, con quienes mantiene tratos debajo de la mesa, a espaldas de sus superiores. Sólo por señalar un ejemplo, dijo la fuente consultada, para la colocación del stand de exhibición de la SSP poblana en la feria del 5 de Mayo utilizó a discreción un total de 600 mil pesos.
Nadie en el círculo se explica hasta dónde alcanza el manto de protección e impunidad de la que goza este funcionario acostumbrado a pedir moches a sus proveedores consentidos, sobre todo en la coyuntura que vive esa dependencia gubernamental con el cese de 400 elementos por no haber aprobado exámenes de control de confianza.
Al director de Adquisiciones de la SSP de Puebla no se le ha sido sometido a tales pruebas como consta en registros internos de ese ámbito. La explicación, según ha trascendido, está en los medicamentos de uso particular que surten laboratorios médicos para controlar exabruptos derivados de un desequilibrio emocional, habitualmente conocido como esquizofrenia.
Por eso llama aún más la atención. Tras el despido de 400 elementos de tropa por el supuesto de no haber acreditado viabilidad en las pruebas del polígrafo, psiométricas y visitas domiciliarias un personaje como Israel Ramírez Moreno conserve aún la responsabilidad de las compras bajo criterios discrecionales y en la opacidad para beneficio propio.
 
En el sótano...
La noche del lunes llegó fulminante la instrucción del cese de la responsable de Comunicación Social del Gabinete de Seguridad, Cristina Ortiz. Había ganado la confianza del procurador de Justicia, Víctor Carrancá, lo que le permitió un margen de maniobra poco visto en un gobierno que todo controla con voluntad férrea.
El comunicado de la dependencia que la víspera dio cuenta oficial del despido de los 400 policías exaservó los ánimos de Casa Puebla al grado de exigir su destitución inmediata, cosa que sucedió ya tarde, en medio de la nueva crisis que vive la Secretaría de Seguridad Pública de Facundo Rosas Rosas.
De acuerdo con la fuente que pidió la gracia del anonimato, habría sido el propio gobernador Rafael Moreno Valle Rosas el que exigió la salida de la exreportera de Televisa convertida en jefa de prensa con la llegada de Ardelio Vargas Fosado al inicio de este gobierno. 
Otra fémina en caer del cargo fue Ofelia Montes Flores, que se había desempeñado como subsecretaria de Seguridad y a quien en un audio publicado por este reportero se le ubica como la responsable de haber negado el diálogo con los inconformes de Chalchihuapan el 9 de julio.
Habitualmente mujer de duro carácter, alguien la vio sollozar al pie de las escaleras que conducen a la oficina de Facundo Rosas el día que fue cesada, una vez conocido el resultado de la investigación del niño asesinado, realizada por la CNDH. No lo hacía por el homicidio de un menor de edad, como es el caso de Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, sino por la pérdida del cargo.