Una nueva revuelta se gesta en la Puebla de la política pública sin consenso, a espaldas de sus ciudadanos y del despojo sin freno. Podría tratarse del rompimiento de la administración pública con un sector que resultó estratégico en el triunfo electoral alcanzado en 2010: la clase media.
Para cuando llegue el último día de plazo para el canje de placas de circulación para el parque vehicular de Puebla la presión estará a punto de provocar la explosión natural y entendible de un amplio segmento social que ya de por si se ha llamado a engaño.
No es extraño ver en los módulos dispuestos por la administración estatal para efectuar el cambio de láminas a grupos amplios de usuarios explotar por las distintas tácticas dilatorias para conseguir ese propósito que aparentemente resulta sencillo.
Ejemplos abundan. Está el de un médico profesionista que habiendo pagado las sanciones correspondientes acumuladas derivadas del programa de fotomulta por un monto aproximado a los 8 mil pesos, saliera frustrado del módulo establecido en la Centro Integral de Servicios (CIS).
Hace unos días al llegar al mostrador respectivo encontró que existían otros 13 mil pesos en infracciones de las que jamás recibió notificación por correspondencia domiciliaria, como el programa había ofrecido a la hora de haber sido puesto en funcionamiento.            
Frustrado por la pérdida de tiempo y sin obtener una sola explicación o disculpa del personal responsable del trámite, fue objeto de amenaza de parte del personal de seguridad pública. 
El enojo del usuario aquel se convirtió en un factor adicional para alimentar el caldo de cultivo de un sentimiento adverso que se extiende por toda la zona metropolitana de Puebla. 
Es cierto que a nadie gusta pagar obligaciones como impuestos o el uso de las placas de circulación. Y menos agrada que para hacer esos trámites se disponga desde una oficina gubernamental del tiempo individual para salir con las manos vacías.         
A una semana de que concluya el plazo establecido para llevar a cabo el trámite fijado para el 30 de septiembre una voz de reclamo generalizado crece: ese día el gobierno deberá haber terminado con el programa de bacheo que a estas alturas de la temporada de lluvias ha dañado un número indeterminado de automóviles.
Una de cal ante la exigencia de que llegado ese día, todos los vehículos del estado deberán portar las nuevas placas de circulación bajo la advertencia de que serán llevados al corralón, lo que obligaría a los propietarios incumplidos a pagar nuevas sanciones, arrastre de grúa y derecho de piso por el vehículo incautado.     
Es obvio que como prestador de servicios el gobierno del estado de Puebla ha resultado un fracaso absoluto.  
La inversión pública en materia de infraestructura es inequitativa porque desatiende sectores poblacionales alejados de los grandes centros comerciales o turísticos, lo que apuntala el razonamiento de una sociedad cada vez más demandante que exige para ese mismo día, de la desaparición absoluta de los hoyos en las calles que tanto daño provocan. Para ser parejos, pues.