Un sin fin de versiones se han desatado en los días previos a que el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emita un dictamen sobre el lamentable operativo en Chalchihuapan, en donde perdiera la vida el niño José Luis Tehuatlie y cuando menos una docena de pobladores y policías resultaran heridos.
El día de ayer el periodista Rodolfo Ruiz, en su portal e-consulta, adelantó que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sí emitirá un resolutivo en contra del gobierno del estado de Puebla, por los acontecimientos en la junta auxiliar de Chalchihuapan.
De acuerdo con esta información, la CNDH emitiría una recomendación al titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Facundo Rosas, por haber violado los protocolos en el operativo de desalojo de la carretera y, por otra parte, una recomendación más en contra del procurador Víctor Carrancá, por la detención ilegal de un grupo de pobladores, minutos antes de que iniciara el desalojo.
En contraposición a esta información, la semana pasada el periódico capitalino La Razón publicó a ocho columnas un supuesto dictamen que daría validez a la hipótesis morenovallista del cohetón, con el cual se exoneraría al gobierno de Puebla.
Sin embargo, pareciera que se está perdiendo el fondo real de este caso y que la CNDH prepara un camino cómodo para liberar al Señor de las Balas de un señalamiento directo. Veamos.
Si el ombudsman estuviera dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias para averiguar lo sucedido en esa tarde trágica, habría citado a comparecer no solo a Facundo Rosas y a Víctor Carrancá, sino al propio gobernador Moreno Valle.
Si la versión de e-consulta es correcta, salta a la vista que el ombudsman Raúl Plascencia buscará señalar a dos funcionarios y no al gobernador.
El problema es que tanto Rosas como Carrancá son funcionarios de primer nivel. Es decir, que dependen directamente del gobernador Moreno Valle.
No se puede responsabilizar al secretario de Seguridad Pública y al procurador sin culpar también a su jefe el gobernador.
Sobre todo cuando la primera declaración de Moreno Valle después de los desalojos carreteros fue en respaldo total a sus funcionarios y para los cuerpos policiacos.
Incluso, fue más allá y aplaudió las acciones diciendo que en Puebla no se tolerarían este tipo de manifestaciones y que la ley estaba para aplicarse.
Por simple deducción, si el gobernador aplaudió y respaldó las acciones de Facundo Rosas y Víctor Carrancá, es que tuvo conocimiento de los hechos y que avaló los operativos.
Y si la Comisión Nacional de los Derechos Humanos determina que sí hubo violaciones a los protocolos y que hubo detenciones ilegales por parte de Rosas y Carrancá, por obvias razones la responsabilidad es también de Moreno Valle.
No hay que darle vueltas, el gobernador es tan responsable como su secretario de Seguridad Pública y de su procurador.
Para entender mejor este tema, basta con hacer un comparativo a través de un viaje a Tlatelolco para recordar la matanza del 2 de octubre de 1968. En aquel dramático pasaje de la historia de México, Luis Echeverría, en su carácter de secretario de Gobernación, ordenó abrir fuego en contra de los estudiantes que abarrotaban la Plaza de las Tres Culturas. Por su parte, el presidente Gustavo Díaz Ordaz, desde la residencia oficial, vivió a la distancia la masacre.
¿Quién es más asesino, el entonces secretario Luis Echeverría o el presidente Díaz Ordaz?
Que el lector compare y juzgue.
