Equivocadamente, el equipo de asesores del gobernador Moreno Valle lo orillaron a cometer un gravísimo error al apostar por la exoneración de la PGR en el asesinato del niño José Luis Alberto Tehuatlie.
Sin darse cuenta, la errada estrategia morenovallista los hizo creer que el hecho de lograr que la PGR determinara que la muerte del pequeño fuera atribuida a un cohetón lanzado por los pobladores de San Bernardino Chalchihuapan le salvaría el pellejo a su gobernador.
Para lograr esta exoneración, Moreno Valle tuvo que quemar todas sus cartas, sin importar los niveles de compromiso que estos representaran, sin importar el costo de los mismos.
Lo que nunca calcularon es que, jurídicamente, la muerte de José Luis abrió los ojos de la sociedad, la cual hoy exige que Moreno Valle pague por todos los excesos cometidos durante su gobierno y que terminaron costando la vida de un menor.
Al respecto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) toma un papel protagónico en este tema, toda vez que las últimas reformas constitucionales facultan a este organismo para investigar las violaciones graves a los derechos humanos.
En su artículo 102, en su último párrafo, la Carta Magna faculta a la CNDH para atraer cualquier caso de violaciones graves a los derechos humanos.
En el caso Chalchihuapan la atracción de la CNDH se antoja imposible, por las relaciones y componendas entre el presidente Plascencia y el abogado morenovallista Juan Pablo Piña; sin embargo, la constitución también faculta al presidente de la República, a las cámaras del Congreso de la Unión, a los gobernadores y a los diputados locales para ejercer ese derecho y así obligar a la CNDH a investigar al gobernador.
Hay que decir que la propia Constitución protege a los mexicanos de diversas conductas consideradas como violatorias a los Derecho Humanos, entre ellas:
• Violaciones a la Libertad de Expresión
• Violación al debido Proceso
• Violación a la Comunicación Privada
• Violación a la Criminalización de Protesta
• Violación a los Usos y Costumbres Indígenas
• Violación a la Libertad de Pensamiento
• Violación a la Libertad de la Vida
• Violación general a los Derechos Humanos
• Violación a la Niñez
• Delitos de Crimen y Lesa Humanidad
Revisando los acontecimientos, es evidente que existieron estas violaciones, las cuales deben obligar a la CNDH a estudiar a fondo un caso que podría sentenciar al gobernador poblano.
Pero si los amarres del abogado morenovallista Juan Pablo Piña con el titular de los Derechos Humanos determinaran que no existieron esas graves violaciones a los derechos humanos, los agraviados tendrán la potestad de promover un amparo, el cual debe ser resuelto por el máximo organismo judicial del país.
En conclusión, la penosa muerte de José Luis Tehuatlie y la ridícula exoneración de la PGR al gobierno morenovallista no representan absolutamente nada, toda vez que el fondo jurídico del asunto no está centrado únicamente en el cobarde asesinato, sino en las sistemáticas violaciones a los derechos humanos de parte del gobernador Moreno Valle.
Así las cosas, los millones gastados para lograr la exoneración de la PGR para que determinara que fue un cohetón el que privó de la vida al niño José Luis terminarán en el cesto de la basura, toda vez que de nada servirá cuando se determine que la muerte del niño es sólo uno más de los actos de violación a los derechos humanos.
Sin duda, los asesores jurídicos de Moreno Valle están más atarantados que un pollo apaleado, lo cual explica el hoyo en el que han sumido a su amo y señor.
Hoy Moreno Valle maldice el momento en el que ordenó el desalojo de Chalchihupan, y no por la muerte de José Luis, sino porque sus prepotencias decretaron la muerte de su proyecto presidencial.
Le guste o no, la sociedad ha juzgado y hoy no tienen duda de que fueron los policías los que lanzaron el proyectil que mató a José Luis y, de manera indirecta, las aspiraciones presidenciales de Moreno Valle.
Lo que no saben es que lo peor está por venir.
Ya lo verán.