Juan Manuel Colín García, a unos meses de dejar el cargo de presidente auxiliar de San Baltazar Campeche, tiene literalmente su expediente manchado en sangre e ineptitud. Los recientes hechos de violencia ocurridos el último día del carnaval, donde dos hermanos fueron acuchillados por pandilleros en medio de una danza de pólvora y licor —uno falleció en el trayecto al hospital y otro quedó herido de gravedad—, dan muestra de los tres años donde la junta auxiliar se convirtió no sólo en una gigantesca cantina, sino en una zona de impunidad donde el “narcomenudeo” se hizo presente.
El martes por la tarde un cortejo fúnebre cruzó varias calles de esta junta auxiliar, incluso pasó por la Aquiles Serdán y Eduardo Cue Merlo trasladando los restos mortales de un hombre que fue acuchillado en ese mismo lugar cuando pasaba la danza de los huehues que, la mayoría totalmente alcoholizados, detonaban mosquetones en lo que parecía ser un “culto demoniaco” y no una fiesta pagana, sin importarles que hubiera niños y adultos mayores que los acompañaban o vivían en esas zonas, soportando explosiones de altos decibeles, lo cual, si a alguien se le ocurre revisar, corresponde a una falta administrativa.
En esa misma esquina dos pandilleros —José Antonio Contreras Mendoza, de 28 años de edad, y Jorge Luis Tiempo Contreras, de 19 años—, “poseídos” por los gritos y las detonaciones de pólvora, sacaron armas blancas y acuchillaron hasta saciarse a dos hermanos que estaban en la fila de espectadores —pudo haberle ocurrido a cualquiera— y después huyeron, dejando confusión e impotencia en su camino.
Le comento que si bien la Policía Municipal Preventiva (PMP) fue la que remitió a los dos sospechosos, no fueron necesariamente éstos los que expusieron el físico para detenerlos, sino que fue la hermana de uno los agresores —vecina de esta junta auxiliar— quien decidió llamar al 066 y entregar a los mismos, que trataron de ocultarse en su casa festejando que sus ropas estaban manchadas de sangre.
Y sale a colación por tres sencillas razones. La primera es que el festejo de los huehues estaba sujeto a un horario. De 10 a 16 horas, los danzantes podían hacer uso de los mosquetones; segunda, que las bebidas embriagantes estaban prohibidas, se violó la “ley seca”; y la principal, el respeto para los espectadores y hubo un muerto.
Déjeme decirle que hubo presencia de patrullas municipales e incluso del estado, que pasadas las 16 horas, tiempo límite para la detonación de los mosquetones, seguían a los danzarines sin tener el valor para desarmarlos y aplicar la ley, en otras palabras, sólo llegaron de adorno.
De los organizadores, que dicen son del barrio de la Barranca, ni cómo reclamarles: estaban más borrachos que una “cuba”, y del presidente municipal nada, ni “mano dura” ni preocupación, sólo se llenó las bolsas permitiendo la venta de bebidas embriagantes. 
Qué bueno que sólo le quedan unos meses.
¿Y para el próximo año? 
 
El barrio de Analco y la colonia Azcárate, sanandrecitos poblanos
¿Quiénes llegaron primero, los “antros” o las escuelas?
Venta de drogas, atracos, agresiones a mujeres, peleas entre pandillas, son la constante del barrio de Analco, de la colonia Azcárate y de colonias cercanas.
Fue en esta zona, la noche del domingo pasado, cuando revendedores de boletos convertidos en mafiosos atacaron a una familia y lesionaron a varios con sus armas blancas, para luego ser tolerados por la Policía Estatal.
Pero este tipo de agresiones se cuentan por muchas y el motivo es claro: los “antros” instalados desde el bulevar 5 de Mayo hasta la 20 Sur, sobre la 3 Oriente y la 5 Oriente, son refugio de malvivientes y vendedores de droga.
Si el secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal decidiera, sin guaruras ni secretarios, caminar por la 3 Oriente, de la 10 a la 16 Sur, sería testigo que la mayoría de los jóvenes que asisten a escuelas de esa periferia son materialmente jaloneados para que ingresen a los negocios de “giros negros”, que funcionan desde las 12 horas, a fin de gastar todo el dinero que lleven en la compra de cervezas y licor, incluso a despojarse de sus valores a cambio de las bebidas alcohólicas.
¿Qué personaje del ayuntamiento de Puebla tolera y protege todos los “antros” de la 3 y 5 Oriente, a grado tal que no le importa que en esos lugares ocurran atracos, además de venta de drogas?
¿A quién beneficia la inseguridad en colonias no sólo del primer cuadro de la ciudad, sino históricas?
Por cierto, las instalaciones de la Policía Preventiva Estatal (PPE) se ubican en la 9 Oriente y 16 Sur. 
¿La cereza del pastel?
Nos vemos cuando nos veamos.