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A puerta cerrada, lo de los arraigados del Poder Judicial

EL AUTOR

Alfonso Ponce de León


De nuevo el sigilo de una investigación realizada por la Procuraduría General de Justicia (PGJ) en las entrañas del Poder Judicial, mantienen en absoluto misterio el arraigo en el motel Avia de varios funcionarios públicos, implicados presuntamente en delitos de corrupción y que de alguna forma tienen que ver con preliberaciones.

En la pasada entrega le comenté que del Juzgado Séptimo de lo Penal habían sido arraigados un secretario y dos actuarios. De ese dato, informes llegados a esta columna indican que sólo el secretario José Luis Rivera es quien se encuentra arraigado desde el viernes pasado, luego de que rindió declaración por irregularidades que hasta el momento no han sido reveladas.

Pero al respecto de esos mismos actos de corrupción se dijo que hay más arraigados, una Minerva que fue coordinadora de agentes del Ministerio Público de juzgados penales, un comisario del Juzgado Cuarto de lo Penal y otros más, todos ellos sujetos a investigaciones, por lo que sus situaciones legales aún se desconocen, pero incluso se dijo que entre los implicados hay algunos jueces.

Se espera que en las próximas horas la PGJ despeje las dudas e informe incluso a los mismos familiares de los arraigados cuál es el motivo de su detención.

En los corredores del Poder Judicial y de la PGJ se insiste en que estos arraigados estarían relacionados con el caso del litigante Rodulfo Joo Ayar y dos funcionarios públicos, a quienes el pasado viernes ya les dictaron su auto de formal prisión, pero esto no tiene nada que ver.



De los 35 ejecutados en Veracruz, podría haber dos poblanos

La Procuraduría General de Justicia de Puebla (PGJ) investiga —con su similar de Veracruz— si dos del los 35 cuerpos aparecidos en una zona residencial de Boca del Río, torturados y ejecutados por el crimen organizado, son poblanos. Podrían tratarse de un exagente judicial y un sujeto relacionado con el robo de vehículos.

Sin que se den detalles al respecto, desde la tarde del lunes en los pasillos del edificio de la PGJ comenzó el rumor de que dos de los 35 ejecutados y abandonados con “narcomensajes” podrían ser poblanos, por lo que solicitaron informes de los cuerpos hallados para buscar alguna coincidencia con poblanos que pudieron haber incursionado al crimen organizado.

De echo, se espera que en las próximas horas se confirme si en ese lugar de Boca del Río —o donde aparecieron otros catorce ejecutados— se encuentren dos poblanos, en tanto las corporaciones policíacas poblanas se mantienen en silencio.



Del correo de los muertos

Derecho de Réplica de la PGJ


Están a disposición de la autoridad judicial los hermanos Badillo López. El representante social encontró elementos para consignarlos al Juez Penal, por lo que ante las imprecisiones de su columna publicada el 27 de septiembre del año en curso le comento lo siguiente:

El pasado fin de semana el agente del Ministerio Público adscrito a la delegación Oriente ejercitó acción penal en contra de Aldo, Fernando y Erick Badillo López.

Por tanto, los sujetos fueron ingresados al Centro de Readaptación Social de San Miguel (Cereso) a las 19:25 horas del sábado 24 de septiembre, bajo el oficio de internación 3727 que fue recibido por el jefe del tercer turno de seguridad y custodia de dicho centro penitenciario.

Los ahora inculpados se encuentran a disposición del juez Octavo de Defensa Social del estado de Puebla, sujetos al proceso penal 233/2011.

Le envío un cordial saludo al tiempo de agradecer la atención y publicación de la presente.


ATENTAMENTE

Lic. Ma. Cristina Ortiz López

Directora del Gabinete de Comunicación Estratégica del Área de Seguridad Pública y Procuración De Justicia



Nos vemos cuando nos veamos

twitter@PonchoPosa

 


1 octubre 2014


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