Al recriminar que el gobierno municipal panista de la capital aprobó 79 bases irregulares, Leobardo Rodríguez Juárez, vocero de Morena, defendió que la autorización de 100 plazas al final de la gestión de la morenista Claudia Rivera Vivanco estuvo justificada porque se cumplió con los requisitos de ley.
En este sentido, el también exregidor del Ayuntamiento de Puebla dijo que no se puede comparar la entrega de bases en el trienio de Morena con el reparto de puestos en la actual administración del PRIANRD, ya que en el segundo caso se pasó por alto la ley y se adjudicaron de manera discrecional sin votación previa del Cabildo.
“En 2021 se cumplieron todos los requisitos de ley, incluida la aprobación de Cabildo, como lo marca la ley de trabajadores al servicio del ayuntamiento, es decir, no hubo una intentona, jamás, ni de hacerlo en lo oscurito ni de esconderlo en una sesión de un único punto”, comentó en referencia a la sesión del viernes 8 de octubre de 2021, la cual se desarrolló por la noche y duró 15 minutos.
En esa tónica, comentó que a su llegada al Ayuntamiento de Puebla, Eduardo Rivera, trasgredió los derechos de los 100 trabajadores a quienes bajo presión obligó a renunciar a su plaza, por lo que algunos optaron por quedarse como personal de confianza.
Bajo este panorama, criticó que el alcalde Adán Domínguez haya consentido junto con el Sindicato Benito Juárez del Ayuntamiento de Puebla, el cambio de categoría en el cargo de 79 empleados para hacer posible su basificación.
“Aquí arbitrariamente se hizo el cambio de la categoría y yo platiqué en su momento con el presidente municipal, y les dije: que se haga pública la convocatoria, que los trabajadores participen, que se siga el proceso de selección, y que pase por Cabildo, pero fue a través de una filtración a medios de comunicación que nos enteramos (de las 79 bases), y es claro que se dio de manera ilegal”, abundó al precisar que Morena ya impugnó el proceso ante la Sindicatura Municipal.
Inclusive comentó que se analiza recurrir a otras instancias como la Auditoría Superior del Estado (ASE) y la Fiscalía General el Estado (FGE) por corrupción, uso indebido de funciones y hasta posible desvío de recursos. “Lo que estamos pidiendo es que se suspenda el acto por ilegal”, dijo al advertir que “engañaron” a los trabajadores con las supuestas bases porque no procederán.
