La presidenta de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, Julieta Vences Valencia advirtió que a pesar de los avances que se han presentado para erradicar la violencia contra las mujeres, se mantiene la discriminación laboral por embarazo, por lo que hay que reformar más leyes.

La legisladora por Puebla dijo que esta semana  presentó iniciativa para que sea reconocida la discriminación laboral por embarazo en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Explicó que se propone reformar el artículo 10 de dicho marco normativo con la finalidad de actualizar el actual concepto de violencia laboral y reconocer que esta manifestación de violencia en razón de género, también se puede ejercer cuando por algún acto u omisión se daña el embarazo del bebé de la víctima.

Asimismo se plantea adicionar un artículo 11 Bis para reconocer y definir a la discriminación laboral por embarazo como toda distinción, exclusión o restricción en contra de una mujer, en razón del embarazo, que vulnera sus derechos o de su bebé.

En el documento presentado hay  una reforma a la fracción III del artículo 14 de la Ley, que los gobiernos de las entidades federativas, en el ámbito de sus competencias, deben promover y difundir entre la población que la discriminación por embarazo es un delito, igual que el hostigamiento y el acoso sexual.

También se propone que se proporcione atención médica, psicológica, legal, especializada y gratuita, así como servicios de salud mental, a quien sea víctima de hostigamiento, acoso sexual o discriminación por embarazo, e implementar sanciones administrativas para los superiores jerárquicos del hostigador, acosador o discriminador cuando sean omisos en recibir y dar curso a una queja.

Precisó que de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2021, publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), se conoce que 2 de cada 10 han sufrido de esta modalidad de violencia durante el último año.

De manera particular, resalta que el 21.7% de las mujeres ha manifestado haber vivido alguna situación de discriminación laboral durante el último año, ya que entre los casos comentados al 4% de todas las mujeres se le pidió una prueba de embarazo como requisito para trabajar o poder continuar en su empleo, mientras que al 0.6% la discriminaron por embarazarse, las despidieron, no renovaron su contrato o les bajaron el sueldo.

Incluso el Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación (Conapred), ha declarado que las quejas de discriminación laboral por embarazo representan una de las cinco quejas más recurrentes que se presentan en México.

Sobre el ámbito en el que ocurren, el 88% de estas quejas ocurren en el sector privado, mientras que el 12% restante se han presenciado en el sector público