Aunque avanza el proceso legal en contra del ex magistrado y ex director del Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos (CAPCEE), Jorge Benito Cruz Bermúdez, el problema se convirtió en un tema político y jurídico.
“El delito es muy complejo, por daño a las arcas públicas, la reparación del daño e implica la retribución de todo ese dinero", dijo el especialista jurídico, Julio Santos Lozano.
El académico del Instituto de Ciencias Jurídicas (ICI), aseguró que, lo procedente, es que se hagan las investigaciones transparentes y profesional y si se tiene que castigar, que se haga de acuerdo a la ley.
Señaló que, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, ha sido muy claro, que, si alguien cometió un delito que se le investigue y que se le castigue, “esa es la línea constitucional”.
Dijo que muchos, le darán tintes políticos, contra el morenovallismo y al PAN, pero, si hay conducta delictiva y existen los elementos probatorios necesarios para integrar una investigación, y trae como consecuencia una orden de aprehensión y una sujeción a proceso, tiene que ejecutarse, “visto con el ojo político, mucha gente ha quedado impune”.
