Los resultados de los indicadores de homicidios dolosos en lo que va del gobierno de Andrés Manuel López Obrador quedarán para la historia, porque las cifras oficiales indican que, cifras de feminicidios y asesinatos de periodistas son las más elevadas de los últimos 3 sexenios.

A decir del director fundador del Instituto de Ciencias Jurídicas (ICI), Germán Molina Carrillo, todavía falta por contabilizar los meses que restan del gobierno lopezobradorista pero desde ahora ya supera a las administraciones de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto.

Lo mismo sucede, dijo el académico, al revisar las estadísticas de los gobernadores de los Estados que llegaron impulsados por Morena y sus partidos aliados, porque hay entidades federativas sumidas en la violencia y la inseguridad generadas por los cárteles de la delincuencia organizada que controlan municipios y territorios.

Esa inseguridad y violencia extrema, dijo el analista jurídico, han obligado a mucha población de esas regiones a abandonar sus viviendas y buscar refugio en otros Estados del país, para no ser orillados a ser sumados a los cárteles del narcotráfico o perder la vida en enfrentamientos armados.

Entre esas regiones destacan Estados como Veracruz, Morelos, Guerrero, Chiapas, Zacatecas, Michoacán, Colima, Quintana Roo y Baja California, en los que nada parece detener los homicidios y disputas entre los grupos de la delincuencia organizada por el control de los territorios.

Además, es creciente que en las principales actividades económicas se presenta el aumento de los precios de los productos y el cobro de derecho de piso a comerciantes y empresarios.

Reveló que, el número de muertos y desaparecidos aumentan todos los días y ni la Guardia Nacional ni el Ejército Mexicano han podido detener esta escalada, en la que los gobiernos estatales y municipales han sido rebasados y no tienen forma de garantizar a los ciudadanos ni su seguridad, ni la paz para poder trabajar y hacer sus vidas.

Molina Carrillo recordó que, en otros períodos presidenciales, se estilaba pedir las renuncias de los funcionarios que no cumplían con su cargo o que incurrían en faltas o delitos en el ejercicio de sus funciones; desde procuradores, secretarios de Seguridad y hasta gobernadores.

Y es que, dijo, se veían obligados a presentar sus renuncias o eran destituidos, cuando una situación se volvía incontrolable o bien, cuando ocurrían matanzas o actos que se violaban los derechos humanos de los ciudadanos.

Por eso, dijo el director fundador del ICI, esa era una de las primeras medidas que se tomaban, a fin de evitar que se contaminarán las investigaciones y se fincara responsabilidades a los funcionarios implicados.

Sin embargo, hoy esto ya no ocurre y las noticias de ejecuciones, matanzas, quemas de inmuebles, balaceras, denuncias por colusión de funcionarios con delincuentes, enriquecimiento ilícito de gobiernos y de protección a los carteles, ya no es visto como una causa suficiente para la renuncia o destitución de las autoridades.

Y lo que ocurre, alertó, es todo lo contrario, siguen en los cargos y en ningún momento son investigados o sancionados administrativa o penalmente.