por: Alfonso Ponce de León Salgado
Al cumplirse dos años y ocho días del crimen del empresario Ricardo Ramírez Rodríguez —31 de enero de 2008— a manos de un grupo de agentes de la desaparecida Policía Judicial del Estado (PJE), hoy Ministerial, donde también participaron —unos por encubrimiento y abuso de autoridad, y otros por omisión— funcionarios de la Procuraduría General de Justicia (PGJ), el Poder Judicial de Puebla estaría preparando una salida inmediata del caso, que podría lograr que dos jefes de grupo y un agente de la judicial —los únicos detenidos— puedan obtener su libertad cuando se dicte sentencia.
Al fracasar la junta de peritos en criminalística y medicina legal, los contratados por los familiares del empresario asesinado y los de la PGJ y el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), con un tercero en discordia —proveniente del Estado de Hidalgo—; el juez Primero de lo Penal, Javier Vázquez Fernández, que conoce del caso de homicidio y abuso de autoridad, entre otros delitos, contra el agente Edgar Rolando Contreras Chang, y los jefes de grupo José Díaz Salinas y Carlos López Quiterio, solicitó otro tercer perito en discordia, cayendo esta responsabilidad en el doctor Efrén Durán Aguilar.
Los peritos no se pusieron de acuerdo si en la muerte de Ricardo Ramírez —quien tenía 32 años de edad— hubo o no tortura por parte de personal de la PJE que se hizo cargo de interrogar al detenido, al grado que “se les murió”. Tanto Carlos Dávid Pérez Retes como Alejandra Alemán Aldana, peritos en criminalística y medicina forense, sostuvieron que hubo abuso de autoridad —y como consecuencia un crimen— en tanto que María del Carmen Castaneira y José Luis Flores Contreras, de la PGJ y TSJ, sostuvieron que se trató de una muerte por “causas naturales”, mientras que el tercero en discordia, proveniente de Hidalgo, decidió no darle la razón a nadie.
El hecho que se presuma pueda existir conflicto de intereses y que haya provocado un recurso de revocación por parte del Ministerio Público adscrito a la PGJ, y del empresario Antonio Ramírez Rodríguez —hermano del hombre asesinado en los separos de la PJE— es que el doctor Durán Aguilar —el tercer perito en discordia— y el doctor José Luis Flores Contreras —perito que sostiene que los agentes detenidos son inocentes—son médicos legistas adscritos al Servicio Médico Forense del TSJ, por lo que entonces existen dudas sobre su dictamen; aún así, el recurso fue rechazado por el juez.
En términos legales el juez de Primera Instancia, al negar el recurso de revocación dio entender al Ministerio Público y a los familiares del hombre muerto en los separos de la PJE, que “se querían curar el dedo antes de cortárselo” sólo por que un perito que va a revisar el trabajo de otro perito —ambos en medicina legal— trabajan para la misma institución, señalando incluso que “al afirmar que el perito tercero en discordia respaldaría lo afirmado por sus homólogos, es contrario a toda lógica e insulta la integridad del perito”.
Así las cosas, en breve habrá de celebrarse otra junta de peritos tanto de medicina forense como de medicina legal, de los contratados por familiares del empresario víctima de abuso de autoridad y otros delitos con los que defienden la causa de “una muerte natural” de un hombre que fue torturado y murió asfixiado, además del tercero en discordia, del que de entrada ya se puso en duda su actuación, sólo por el hecho de que “nadie patea el pesebre”.
Dos años 8 días de impunidad
Intolerancia del 4 de Febrero del 2008
¿Los confundieron?, ¿se trató de una ejecución por encargo?, ¿sus vecinos “les pusieron el dedo”? Éstas son parte de las interrogantes que podrían aclarar la muerte de Ricardo Ramírez Rodríguez —de 32 años de edad— ocurrida en el interior de las instalaciones de la Policía Judicial del Estado (PJE) la tarde del jueves 31 de enero, y que de manera “oficial” sucedió como consecuencia de una broncoaspiración.
La muerte de Ramírez Rodríguez, detenido por los agentes Edgar Rolando Contreras Chang, placa 762 y José Díaz Salinas, placa 534 —adscritos a la Subdirección Operativa Metropolitana— encierra muchas irregularidades que hacen suponer que hubo tortura, privación ilegal de la libertad, y abuso de autoridad, entre otros, sobre todo porque los horarios de detención, muerte e inicio de investigaciones no concuerdan.
De acuerdo al informe rendido por el agente Contreras Chang, radicado dentro de la averiguación previa 18/2008/DMS/2°, él y su pareja —Díaz Salinas— interceptaron a las 15:00 horas del jueves en la esquina de avenida Juárez y 17 Sur a Ricardo Ramírez Rodríguez, de quien dicen iba solo y caminaba, a quien ya andaban buscando porque tenían la sospecha de que se dedicaba a cometer robos a casa habitación, por lo que dicen le pidieron que se identificara y éste sólo les dijo que se llamaba Ricardo.
El mismo informe dice que “lo invitaron” para que los acompañara a las instalaciones de la PJE y que les dijo que “no tenía ningún inconveniente”, y al momento de que lo tenían en el área de seguridad y registro Afis, comenzó a toser, se hincó y pese que trataron de ayudarlo murió como consecuencia de una posible asfixia, que más tarde fue confirmada por un médico legista que se hizo cargo de la necropsia.
Las contradicciones empiezan desde la detención, pues el informe indica que fue a las 15:00 horas, sin embargo el médico que se encargó de declararlo muerto, dejó asentado en el acta de defunción que ocurrió a las 15:00 horas.
Otro reporte que se presume alterado fue la hora del levantamiento de cadáver, ya que el agente del Ministerio Público Ricardo Herrera Saldívar, dio inicio a las actuaciones a partir de las 15:30 horas y en su reporte indica que fue enterado del deceso a las 15:25 horas.
“Me intentaron asesinar”
Dos declaraciones que obran, la primera en el Ministerio Público de Atlixco y la segunda en la Dirección de Averiguaciones Previas Metropolitana Sur, de Antonio Ramírez Rodríguez, propietario de varias empresas —entre éstas una de seguridad privada— echan por tierra el informe de los dos agentes de la PJE, en el sentido del lugar y la hora de la detención; incluso dejan en claro que fueron al menos cuatro los agentes que podrían estar involucrados en tortura y homicidio.
Antonio dice que fue a las 12:30 horas del jueves —y no a las 15:00 horas— que su hermano Ricardo y él mismo fueron detenidos por un grupo de agentes de la PJE cuando salieron del hospital Ángeles, en la zona Angelópolis; ambos iban a abordar el vehículo Mondeo color plata — propiedad de la esposa de Antonio— cuando dos sujetos descendieron de un vehículo Pointer negro, les dijeron que eran judiciales y que iban a revisar la unidad.
En eso estaban cuando se acercó un segundo vehículo; Antonio no sabe si fue un Topaz o un Cavalier rojo, pero de esta unidad bajaron otros dos sujetos que se llevaron por la fuerza a Ricardo, en tanto que a él lo pasaron a la parte trasera de la unidad, lo obligaron a que se acostara en el piso de la misma y le pusieron encina tres chamarras; el conductor le ordenó que no se moviera o le iba a meter un balazo en la pierna y lo iba a amarrar.
El mismo conductor le dijo que “ya no se hiciera pendejo”, que no encubriera a su hermano, que estaba enterado de todo lo que hacía y que desde el sábado 26 de enero ya los estaban siguiendo.
Le dijo que a él y a su hermano los vieron salir de su casa llevando motos acuáticas, que estuvieron en Valsequillo y que después se fueron al gotcha; luego le afirmó haber visto a su hermano sacar de su casa una Voyager verde, sin placas, pero Antonio le aclaró que esa unidad es propiedad de su vecino, a quien sólo conoce como Jerry.
El agente que estaba interrogando —que iba al frente del volate— le dijo que ya sabían que su hermano Ricardo había asaltado un Telcel y que había llegado en una Lincoln Navigator, pero las fechas no coincidían; ellos habían comprado esa camioneta entre el 10 y 11 de enero y esta misma había cruzado la frontera el 8, sin embargo el asalto se había reportado antes.
El interrogador volvió a decirle que por estar encubriendo a su hermano ya había pasado a perjudicar a Alfonso Domínguez —uno de sus amigos— y que lo iban a ir a detener, todo por “andarse metiendo en pedos”.
Alfonso y su esposa, dice Antonio Ramírez, se dedican a la venta de muebles rústicos.
Antonio no sabía a donde lo llevaban cuando el mismo agente que lo interrogaba le dijo que le diera los 500 mil pesos que su hermano tenía guardados en su casa.
El dinero —le explicó el judicial— era propiedad de Pepe Kaufman, otro de sus vecinos, que éste se los había robado y dado a guardar a su hermano, pero ya no se los quería regresar y le advirtió que si no le daba ese dinero lo iban a matar
Una llamada del Matra, la sentencia de muerte
Las amenazas y los interrogatorios continuaron por varias horas. Antonio no sabía dónde estaba su hermano ni dónde se lo habían llevado. Pensó que iban a meterse a su casa y temía por su vida, pero también les pidió que le compraran dos aspirinas porque se sentía mal y antes había sufrido un infarto.
El judicial que iba al frente del volante del Pointer negro, cada cinco minutos se bajaba de la unidad para efectuar una llamada telefónica, luego regresaba con más amenazas, hasta que una llamada de radio Matra llamó su atención.
Para ese momento el agente conductor era quien amenazaba; el copiloto sólo trataba de controlar las cosas y le decía a Antonio que él no tenía broncas, que todo era por su hermano, sin embargo la llamada cambió todo.
El agente conductor llegó serio; le dijo a su compañero en clave “62” y luego “64”, fue cuando el copiloto se bajó de la unidad y trajo de la cajuela una cobija que echó encima de Antonio y le dijo “yo sí te meto un plomazo si te mueves”.
Antonio narró a Intolerancia Diario que en esos momentos sintió que iba a morir; los agentes ya no se comunicaban entre ellos, ya no había amenazas, la radio Matra trasmitía conversaciones entre agentes con todo y claves, y Antonio sintió que lo estaban sacando de la ciudad. Les preguntó si se trataba de un secuestro y uno de ellos le dijo “no digas pendejadas”.
Hubo un instante cuando Antonio tomó fuerzas, aprovechó que los agentes estaban preocupados y bajó lentamente la ventanilla del asiento trasero del conductor, la puerta no tenía palanca, por lo que cuando sintió que la ventana había bajado en su totalidad le aventó las chamarras y las cobijas a los agentes, sacó medio cuerpo por la ventanilla y comenzó a gritar “me quieren secuestrar.
Los agentes no pudieron controlarlo ni hacer nada, para ese momento cinco o seis personas que estaban frente a un restaurante les gritaban, “ya los vimos”, fue cuando los dos judiciales se subieron a su vehículo, se dieron vuelta en “u” y regresaron. Antonio se había salvado.
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